Una orden de aprehensión ha sido emitida el 16 de octubre contra el expresidente Evo Morales, acusado de trata de personas. La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, anunció formalmente la imputación contra Morales, lo que generó preocupación en las autoridades, especialmente por las dificultades para ejecutar la orden en regiones clave como Villa Tunari y Lauca Ñ. Estas zonas, consideradas bastiones del Movimiento al Socialismo (MAS), se han convertido en puntos de resistencia frente a la justicia, lo que ha complicado las operaciones de la policía.

La diputada evista Gladys Quispe confirmó que los cocaleros del Trópico de Cochabamba, en particular las Seis Federaciones, han decidido brindar protección al exmandatario. Este sector social, que históricamente ha sido un aliado de Morales, ha declarado estar en estado de emergencia, mostrando su lealtad y disposición a resguardar la seguridad del expresidente. Según Quispe, este apoyo se debe al agradecimiento de los cocaleros por las políticas implementadas durante su gobierno, que beneficiaron directamente a la región.