Jaime Soliz asegura que la Vicepresidencia operaba con siete direcciones y 130 funcionarios dedicados a obstaculizar al presidente Rodrigo Paz

En una entrevista en el programa Encontrados, Jaime Soliz, exdirector de Planificación de la Vicepresidencia, denunció que el despacho del vicepresidente Edman Lara operaba como un “poder ejecutivo paralelo” destinado a obstaculizar al propio presidente Rodrigo Paz. Según Soliz, la estructura contaba con siete direcciones nacionales, casi con rango de ministerios, y consumía un presupuesto diario de 10.000 dólares para mantener a 130 funcionarios dedicados a la oposición interna.

El jurista defendió la constitucionalidad del Decreto 5552, asegurando que no se trata de un atropello, sino de una “readecuación urgente” para frenar el derroche de una “caja chica” que funcionaba sin control administrativo ni planificación.

Soliz afirmó que Lara mantuvo reuniones secretas con sectores sociales de Potosí y Cochabamba que luego realizaron bloqueos en el país, con el objetivo de impedir que el presidente llegue a fin de año, para que él pudiera asumir. Según el excolaborador, la Vicepresidencia se convirtió en una “bomba de tiempo” que utilizaba recursos estatales para alimentar relaciones peligrosas con grupos radicales y exautoridades del pasado.

Más allá de lo político, Soliz relató conductas insólitas del vicepresidente, quien consumía grandes cantidades de bebidas energéticas, pasaba horas viendo televisión y realizaba TikToks compulsivamente, en lugar de atender asuntos públicos o legislativos. La ruptura definitiva del exfuncionario, quien duró apenas 14 días en el cargo, ocurrió cuando Lara mandó confeccionar trajes de estilo napoleónico y de próceres históricos como Pedro Domingo Murillo. “Cuando vi que ya se iba a disfrazar de Napoleón, decidí salir de ahí antes de que esto termine mal”, dijo Soliz, calificando a Lara como un “cadáver político” extraviado en su propio laberinto.

Finalmente, Soliz mencionó presuntas irregularidades éticas y legales, como la recepción de “dádivas” de mineros chinos dedicados a la explotación ilegal de oro, que habrían entregado 10.000 juguetes que Lara distribuyó públicamente. Ante la amenaza de una demanda por violación a la privacidad anunciada por el vicepresidente, Soliz aseguró que no se dejará callar y que el país merece conocer la falta de formación de quien hoy ocupa la segunda magistratura del Estado.