En la declaración del exfuncionario, a la que tuvo acceso EL DEBER, afirmó que alertó del arribó de las maletas a Viru Viru y responsabilizó a la exgerente regional de la Aduana y actual jefa de la Unidad Jurídica en Santa Cruz por no denunciar el caso

Las investigaciones por el caso ‘maletas’ avanzan con testimonios reveladores. El exfuncionario de la Aduana Nacional, Álvaro Alejandro Barbery Guzmán, se presentó a declarar ante la Fiscalía y reveló que, junto a otros cuatro excolegas, pidió a la Dirección Jurídica activar una denuncia formal por el arribó de las más de 30 valijas al aeropuerto internacional de Viru Viru.

Barbery acudió el viernes a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y declaró en calidad de testigo en el proceso por el delito de tráfico de sustancias controladas, confabulación y asociación delictuosa por el que permanecen detenidos en la cárcel de Palmasola el juez Hebert Zeballos Domínguez y la exdiputada Laura Rojas Ayala.


En su declaración, a la que tuvo acceso EL DEBER, afirmó que alertó del arribó de las maletas a Viru Viru y responsabilizó a la exgerente regional de la Aduana y actual jefa de la Unidad Jurídica en Santa Cruz, Mónica Andrea Castro Torrez, por no haber denunciado el caso, de acuerdo al procedimiento.

Álvaro Alejandro Barbery Guzmán también declarará el martes 10 de enero, pero lo hará en calidad de investigado y por el delito de incumplimiento de deberes, investigación que se abrió por la omisión de control de las más de 30 maletas que fueron retiradas del aeropuerto. El sindicado presentará un memorial en el que detalla lo sucedido el día en que llegaron las maletas, tal y como lo dijo en su testimonio el viernes, según informó su abogado defensor Joadel Bravo a EL DEBER.

¿Qué dijo en su declaración?

Barbery señaló que, tras el arribo de un vuelo chárter procedente de Miami el 29 de noviembre de 2025, en el que llegó la exdiputada Laura Rojas con 32 maletas y un pasaporte diplomático, los funcionarios de turno elaboraron un informe dirigido al jefe de aeropuerto, dejando constancia de que 31 equipajes quedaron en condición de rezagado abandonados en la pista de aterrizaje. Un día después, las maletas fueron reclamadas por Rojas, quien mostró su pasaporte diplomático para evadir los controles.

De acuerdo con el memorial, ese informe fue elevado al superior jerárquico inmediato, quien a su vez comunicó el hecho a la actual jefa de la Unidad Jurídica en Santa Cruz, Mónica Andrea Castro Torrez, instancia que —según Barbery— debía activar la denuncia ante el Ministerio Público, conforme al artículo 52 de la Ley General de Aduanas y el artículo 286 del Código Penal.
El exfuncionario remarca que los técnicos operativos no tienen atribuciones para verificar la validez de un pasaporte diplomático ni para acudir directamente a Cancillería, y que esas acciones corresponden exclusivamente a autoridades jerárquicas. “Nuestra obligación era informar, y eso se hizo”, sostiene el sindicado.

En el documento, Barbery también rechaza haber tenido contacto alguno con las maletas el día en que fueron retiradas del aeropuerto. Afirma que durante ese lapso se encontraba fuera del aeropuerto comprando almuerzo para él y los otros cuatro colegas investigados, extremo que —dice— está respaldado por comprobantes de pagos electrónicos y transferencias bancarias adjuntas al proceso.

Asimismo, cuestiona su destitución de la Aduana, al indicar que fue apartado del cargo sin la apertura previa de un proceso administrativo interno que determine responsabilidad funcional.
La defensa de los exfuncionarios respalda estos argumentos con la declaración informativa de Mónica Andrea Castro Torrez, exgerente regional y actual directora jurídica de la Aduana en Santa Cruz, quien reconoció en su declaración ante la Fiscalía que fue informada del arribo del vuelo chárter y que recomendó aplicar controles y elevar el caso a la Gerencia Nacional de Operaciones Aduaneras.

Barbery dijo que la declaración confirma que existió conocimiento previo de la irregularidad por parte de las autoridades superiores, pero que no se activaron de manera oportuna los mecanismos legales correspondientes.

Para el abogado Bravo, el testimonio de Mónica Andrea Castro Torrez constituye un elemento probatorio relevante dentro del proceso que investiga presuntas irregularidades ocurridas el 29 de noviembre de 2025, cuando un vuelo chárter arribó a Viru Viru con más de 30 maletas que posteriormente fueron retiradas.
“El testimonio confirma que existía conocimiento pleno de la irregularidad y que la advertencia fue realizada, por los funcionarios subalternos que hoy son procesados, de manera inmediata a la autoridad jerárquica correspondiente”, afirmó Bravo, quien cuestionó que, pese a esa alerta, no se haya ordenado una revisión del equipaje ni presentado una denuncia formal.

El abogado sostuvo que, conforme al artículo 286 del Código Penal, los funcionarios públicos con competencia jerárquica tienen la obligación legal de denunciar hechos ilícitos, por lo que —a su criterio— la responsabilidad penal no puede recaer en los funcionarios técnicos, que se limitaron a informar el caso a sus superiores.

De acuerdo con la versión de la defensa, los informes elaborados por los técnicos aduaneros —entre ellos Barbery— establecieron que el equipaje fue considerado rezagado, al haber quedado en pista tras el aterrizaje del vuelo, y que cualquier inspección debía realizarse en presencia de la propietaria, en cumplimiento de los procedimientos vigentes.

El caso ‘maletas’ continúa en etapa preliminar, mientras se intensifican los cuestionamientos sobre la focalización de la investigación en funcionarios de menor rango y la posible omisión de deberes por parte de autoridades jerárquicas de la Aduana Nacional.
\\El Deber//