El exinterventor de la Empresa Publica Social de Agua y Saneamiento (Epsas) S.A., Alfredo Ayala, recibió Bs 311,973.61 de beneficios sociales por cinco años de trabajo y 230 días de vacaciones; a pesar de no haber aclarado la desaparición de celulares y computadoras portátiles que fueron a dar a manos de dirigentes de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, según denuncia del consultor en temas de saneamiento y agua, José María Herbas.

De acuerdo con el formulario de finiquito de la exautoridad de Epsas S.A., al que este medio informativo tuvo acceso, Ayala recibió Bs 186,918.32 por 230 días de vacaciones, además del pago de un bono de alimentación y guardia pasiva.

Herbas manifestó a VISOR21 que un Interventor en Epsas S.A recibe pagos mensuales por gastos de “representación” que cubren almuerzos, desayunos, etc., además administra un monto por concepto de Caja Chica para comprar artículos varios como gaseosas, té, café, entre otros, por lo que no se justifica que esa Máxima Autoridad Ejecutiva de la prestadora de servicios tenga que recibir un bono de alimentación, como un trabajador del nivel operativo.

“Pude confirmar que durante su periodo de Interventor, Alfredo Ayala Fernández recibió Bs 240 mil por gastos de representación, 20 mil bolivianos cada mes. Su salario mensual era de 24.380 bolivianos. Por todo este manejo discrecional de los recursos del pueblo paceño, exigimos tiempo atrás, que se levante la intervención a Epsas S.A., se convoque a concurso de méritos para designar un Gerente General, designar directores y síndicos para fiscalizar a la empresa de agua que hoy es un botín de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto”, manifestó.

Asimismo, advirtió que Ayala recibió el cheque de su finiquito sin descargar y aclarar el destino de varios celulares de alta gama y computadoras portátiles adquiridas con recursos de Epsas Intervenida, “que presuntamente distribuyó a varios dirigentes de organizaciones sociales a quienes debía favores para mantenerse en el cargo”.

Herbas advirtió la falta de fiscalización del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua y Saneamiento (AAPS), quienes intervinieron Epsas S.A. desde 2013.

“Debido a la falta de fiscalización a la operadora del agua, los Interventores hacen lo que les da la gana, no existe una instancia que fiscalice el manejo de los recursos. Desde el año 2013 la empresa está intervenida por el Gobierno, es la AAPS quien designa al Interventor en representación del Gobierno, para que garantice la continuidad del servicio de agua potable, lo que quiere decir que este es un funcionario público que vela los intereses del Estado. Sin embargo, en Epsas, el Interventor designado no efectúa declaración jurada y cuando es destituido por irregularidades y corrupción, es premiado con el pago de un desahucio como cualquier otro trabajador de Epsas S.A. que está sometido a la Ley General del Trabajo”, advirtió.

Ayala fue posesionado en marzo de 2024 por el entonces ministro Rubén Méndez. Ingeniero civil de profesión, trabajó en Epsas durante 24 años y su último cargo antes de ser nombrado Interventor fue jefe de Saneamiento.

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