El fiscal general Róger Mariaca ordena indagar a policías por posible peculado e incumplimiento de deberes tras denuncias de pérdida de valores incautados.
El Ministerio Público abrió una investigación por la presunta desaparición de dinero, joyas y otros bienes vinculados al narcotraficante Sebastián Marset, detenido en Estados Unidos, en un caso que apunta a posibles irregularidades en el manejo de activos incautados.
El fiscal general Róger Mariaca informó que la pesquisa busca determinar responsabilidades por los delitos de peculado e incumplimiento de deberes, presuntamente cometidos por efectivos policiales encargados de custodiar los bienes del capo uruguayo.
La investigación ya fue asignada a un fiscal y se coordina con un investigador policial, en un proceso que pretende esclarecer el destino de los activos incautados durante los operativos ejecutados tras la captura de Marset.
El narcotraficante fue detenido el 13 de marzo en Santa Cruz, en un operativo liderado por la FELCN con apoyo internacional. Posteriormente fue trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por el presunto lavado de al menos 7 millones de dólares.
Las sospechas sobre la desaparición de bienes surgieron luego de observaciones internas que involucran a unidades policiales desplazadas desde el occidente del país, que participaron en los allanamientos a propiedades vinculadas al acusado, incluidas residencias en zonas exclusivas como el Urubó.
De manera extraoficial, se conoció que existe malestar dentro de unidades de inteligencia como el DACI y el CEIP, cuyos efectivos aseguran no haber participado en la manipulación de los bienes y señalan que estos ya habrían sido retirados por otros grupos policiales.
El caso se agrava tras la reciente remoción de más de 30 efectivos de la FELCN que no superaron pruebas de confiabilidad, incluyendo evaluaciones con polígrafo, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia de los operativos.
Ante este escenario, Mariaca instruyó que todos los bienes incautados a Marset incluyendo dinero, vehículos, inmuebles y objetos de valor sean transferidos formalmente a la Dircabi, entidad encargada de su administración y resguardo.
El proceso abre un nuevo frente en el caso Marset, centrado no solo en la red de narcotráfico, sino también en la gestión estatal de los bienes decomisados y posibles responsabilidades institucionales.
