Desde el Órgano Electoral advierten que la guerra sucia no suma votos y llaman a respetar las reglas electorales. El acuerdo rechaza expresamente la judicialización del proceso electoral y ratifica el respeto a las decisiones del TSE
Las organizaciones políticas que participarán en las elecciones subnacionales del 22 de marzo suscribieron ayer en Santa Cruz, los Compromisos por la Democracia, un acuerdo impulsado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que fija reglas de conducta para la campaña, el respeto a los resultados y la preservación de la institucionalidad electoral.
En ese marco, el vocal del TSE Carlos Alberto Goitia sostuvo que la denominada guerra sucia no genera réditos electorales y termina debilitando a las propias candidaturas.
Goitia sostuvo que, desde la experiencia comparada y estudios electorales, las campañas basadas en ataques, victimización o desinformación erosionan la confianza ciudadana y afectan la calidad democrática, razón por la cual el TSE impulsa un compromiso ético que, aunque no contempla sanciones directas, permitirá exponer públicamente a las organizaciones que incumplan lo acordado.
Por su lado, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, enmarcó el proceso como un momento decisivo para la democracia boliviana y subrayó que garantizar elecciones libres y confiables es una responsabilidad compartida entre el Órgano Electoral, las organizaciones políticas y la ciudadanía.
Ávila enfatizó la vigencia de los principios de legalidad y preclusión, al señalar que las etapas, plazos y decisiones adoptadas conforme a ley deben ser respetadas sin presiones, y alertó que no puede hablarse de democracia mientras se toleren campañas basadas en la mentira, el ataque personal o la manipulación.
El acuerdo
El documento firmado en el Encuentro Multipartidario rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026, establece obligaciones concretas para frenar la guerra sucia, la desinformación, la judicialización del proceso electoral y los cuestionamientos sin sustento técnico al Padrón Electoral Biométrico.
Respecto a la campaña y propaganda, las organizaciones políticas se comprometen a evitar noticias falsas, contenidos manipulados y narrativas engañosas, así como cualquier forma de acoso o violencia política, en especial contra mujeres y miembros de la comunidad Lgbti. También se establece la obligación de respetar bienes públicos y privados y de participar en espacios de debate programático organizados por el Órgano Electoral, medios de comunicación y la sociedad civil.
El acuerdo incorpora, además, un compromiso del propio TSE para fortalecer los mecanismos de supervisión digital, garantizando transparencia y trazabilidad en la comunicación política en línea, sin menoscabar la libertad de expresión.
Del padrón a la preclusión
Otro eje central del documento es el Padrón Electoral Biométrico, reconocido como base indispensable de la confianza electoral. Las fuerzas políticas acordaron participar en todas las fases de su conformación, asistir a los laboratorios de integridad electoral y ejercer los mecanismos de control previstos por ley, evitando su uso como herramienta de confrontación política sin sustento técnico.
Asimismo, los partidos asumieron el compromiso de respetar los resultados electorales, reconociendo que su aceptación es condición indispensable para la gobernabilidad democrática y una expresión directa del principio de soberanía popular. El acuerdo también destaca el carácter informativo del sistema de transmisión rápida de resultados preliminares, sin sustituir el cómputo oficial.
“El respeto a la legalidad no es optativo ni negociable”, sostuvo Ávila y exhortó a las organizaciones políticas a cumplir las reglas incluso cuando las decisiones no favorezcan intereses particulares.
El acuerdo también incluye el compromiso de cumplir los plazos del calendario electoral, en particular la sustitución de candidaturas inhabilitadas hasta el 5 de febrero de 2026, garantizando la paridad y alternancia, considerada una conquista democrática.
Las elecciones del 22 de marzo renovarán autoridades en 343 municipios, nueve gobernaciones y la Autonomía Regional del Chaco, con la elección de gobernadores, alcaldes, concejales, asambleístas y autoridades regionales en todas las entidades territoriales autónomas del país.
///EL DEBER///
