En la segunda semana de bloqueos en el eje trocal de Bolivia, el Gobierno recurre a dos organismos internacionales como son las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que ambas visiten Bolivia, investiguen y constaten la situación por las protestas de los evistas.
Asimismo, el Ministerio Público aceptó una nueva denuncia penal contra el expresidente Evo Morales por la presunta comisión de ocho delitos, entre ellos terrorismo, por los bloqueos violentos que desde hace más de una semana dejaron más de 50 heridos e impiden el libre tránsito por las rutas del eje troncal del país donde miles de camiones y sus conductores están ‘secuestrados’ sin agua ni alimentos.
Esta situación en Bolivia se torna más crítica porque a consecuencia de los bloqueos y la escasez de combustibles, los centros de abastecimiento en las ciudades capitales se van quedando sin productos para la canasta familiar, con escasos pollo, carne de res, huevo y pan, y con precios exorbitantes.
Pedido internacional
El ministro de Justicia César Siles anunció que gestionará las visitas de una comisión de la CIDH y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) para que investiguen los actos violentos suscitados en los bloqueos del bloque evista.
“Lo que estamos haciendo nosotros es pedir que se hagan los análisis correspondientes, tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, dijo la autoridad. Agregó que el objetivo es que ambas comisiones lleguen a Bolivia para que no sólo constaten la situación que ocasionan los bloqueos recientes “sino también lo sucedido el año pasado”.
En ese marco, Siles adelantó la posibilidad de que se pida otra vez a la CIDH que se forme otro Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como se hizo en 2019 tras la renuncia de Morales y una convulsión social que se dio también en una época electoral.
El Gobierno ve con más interés la presencia de la CIDH y de la ONU en Bolivia, tras los sucesos de la pasada semana en el puente Khora I (Cochabamba) la noche del viernes 6 de junio cuando una ambulancia que transportaba policías heridos fue emboscada por los bloqueadores evistas que volvieron a agredir a los uniformados y también atacaron a personal de salud y al chofer de la ambulancia.
“(Los bloqueos) han afectado y están afectando derechos de las personas a la libre locomoción, a la salud, a la educación. Hay muchas personas afectadas, muchas víctimas, heridos y hasta fallecidos”, afirmó Siles.
En las últimas horas medios de prensa de Cochabamba reportaron la muerte de una persona de la tercera edad en medio de los bloqueos evistas. Se trata de Nemecio Cuiza, de 73 años, quien perdió la vida en el municipio de Tapacarí, Cochabamba, tras caminar durante varias horas por una ruta bloqueada por evistas.
Al respecto, el diputado evista René Cabezas restó importancia al anuncio de Siles y dijo que lo único que busca el gobierno de Luis Arce es de hacerse a las víctimas y satanizar la protesta social liderada por Morales. Auguró que son los últimos “aleteos” de Arce, es más, pidió también que lleguen a Bolivia organismos internacionales para que constaten que “en Bolivia no hay estado de derecho”, aseguró.
“El Gobierno está en un plan de victimización y satanización, están aplicando una estrategia política para mostrar como si los movimientos sociales fueran los que agreden. Buscan criminalizar la protesta social, pero el Gobierno está en sus últimos aleteos, tengo el dato de que el Gobierno ya no tiene la confianza plena de los comandantes de las Fuerzas Armadas ni del Alto Mando Policial, ya no sabe qué hacer”, aseguró Cabezas.
Desde la Fiscalía
Asimismo, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó ayer que el Ministerio Público admitió una nueva denuncia contra el expresidente Morales y Suseth Rodríguez y quienes resulten autores, coautores, cómplices o encubridores, por la presunta comisión de ocho tipos penales entre ellos el delito de terrorismo. La denuncia fue presentada por el Ministerio de Justicia el jueves 5 de junio.
“El Ministerio Público, en el marco de la objetividad y de la independencia de los fiscales analistas, ha determinado admitir esta denuncia por ciertos tipos penales que ha denunciado el Ministerio de Justicia”, precisó Mariaca.
Los ocho tipos penales contra Morales, Rodríguez y otros son: terrorismo, instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, atentado contra la seguridad de los transportes, atentado contra la libertad de trabajo, desobediencia a resoluciones constitucionales, destrucción y deterioro de bienes del Estado, y obstrucción de procesos electorales.
La denuncia del Gobierno fue presentada un día después que el dirigente y exaliado de Morales, Rudy Capquiqe reveló el plan de Evo que “está dando instrucciones para generar caos, zozobra y muerte en Bolivia”, para exigir su candidatura presidencial.
A pesar de que el expresidente negó tales acusaciones y aseguró que Arce “crea falsos testigos” para desprestigiarlo, en las últimas horas dijo desde el Chapare que esta es una semana decisiva en la lucha entre “el pueblo y el imperio”. Y sus bases cocaleras aseguraron que la única forma de levantar sus protestas es que Arce renuncie a la Presidencia.
Pedido de instituciones
La Defensoría del Pueblo, junto a otras 54 instituciones de la sociedad civil, entre ellas la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), realizó una exhortación a los bloqueadores evitas, Gobierno, actores políticos y a todos los gremios a “a evitar una escalada de la conflictividad social, a deponer acciones, discursos y actitudes que inciten a la violencia” y que de continuar las mismas puede haber una afectación irreversible al sistema democrático, a la institucionalidad y a los derechos humanos de la población en general.
Las entidades que realizan este exhorto hicieron énfasis para pedir al Gobierno de Luis Arce que garantice que la policía al momento de desbloquear las carreteras cumpla con todos los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y demandó “abstenerse de desplegar fuerzas militares ante manifestaciones pacíficas”.
Para el Gobierno que reportó más de 50 heridos entre policías y personal de salud en la primera semana de bloqueos, las manifestaciones de los evistas no tienen nada de pacíficas, es por eso que tras atentar a una ambulancia con heridos en Cochabamba, Arce decidió desplegar unidades militares para despejar los bloqueos.
La Defensoría y las demás entidades también piden al Órgano Electoral, “a hacer prevalecer sus competencias y garantizar el adecuado desarrollo del proceso electoral” respetando fechas del calendario electoral.
Pedido de cumbre
Mientras la Defensoría exhorta a la paz social, crece la idea y el pedido de que se realice una “cumbre por la democracia” ante los intentos del evismo de convulsionar el país.
El planteamiento que surgió días atrás del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, para “pactar alguna solución” entre todos los órganos del Estado, el fin de semana también fue replicado por los candidatos a la presidencia, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa.
Y el último en apoyar la idea fue el presidente del Senado y candidato, Andrónico Rodríguez. “Coincidimos plenamente en la necesidad de un encuentro por la democracia y la estabilidad institucional”, dijo Rodríguez.
EL DEBER
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