Ministros admiten que existen trabas legales para su desvinculación y aseguran que los cambios serán progresivos, mientras surgen críticas desde la Asamblea y sectores ciudadanos

La administración del presidente Rodrigo Paz continúa operando con una significativa cantidad de funcionarios que desempeñaron funciones durante casi dos décadas en gobiernos del Movimiento Al Socialismo, varios de ellos en cargos jerárquicos como viceministerios, direcciones nacionales y puestos estratégicos dentro del aparato estatal.

La situación ha generado observaciones desde sectores ciudadanos y legisladores, quienes cuestionan la permanencia de servidores públicos vinculados a anteriores gestiones. A esto se suma que decenas de funcionarios presentaron alegatos legales para mantenerse en sus cargos, entre ellos certificados de inamovilidad por estado de gravidez o por estar al cuidado de personas con discapacidad.

Desde el Ejecutivo no se negó esta realidad. Por el contrario, se reconoció que funcionarios que formaron parte del gobierno de Luis Arce continúan ocupando cargos de decisión, pese a que esa gestión fue cuestionada por sus resultados.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, y el canciller Fernando Aramayo explicaron que esta situación responde a limitaciones legales y administrativas que dificultan la desvinculación inmediata del personal. Ambos señalaron que el proceso de renovación será gradual y dentro del marco de la normativa vigente.

Las críticas también surgieron desde la Asamblea Legislativa. La senadora María Elena Pachacute cuestionó que el actual Gobierno mantenga en funciones a servidores públicos de la anterior administración, muchos de ellos con sueldos elevados y beneficios consolidados, mientras —según afirmó— no se genera espacio para nuevos profesionales.

En el ámbito institucional, se mencionaron varios casos. En la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Freddy Zenteno asumió la dirección tras haberse desempeñado como asesor en la anterior gestión. En el Servicio General de Identificación Personal, su actual director, Juan Diego Tejerina Morato, también ocupó funciones relevantes en el gobierno anterior.

Asimismo, el exprocurador general Sydney Edson Morales actualmente cumple funciones en el Viceministerio de Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia. En el sector energético, el viceministro Alex Veizaga Pérez también formó parte de niveles altos dentro de la estructura de la empresa estatal petrolera durante la anterior administración.

Otro caso señalado es el de Carla Cornejo Fernández, quien figura como funcionaria de la empresa estatal petrolera desde enero de este año, según registros oficiales.

El canciller Aramayo afirmó que el proceso de cambio enfrenta múltiples obstáculos administrativos. Señaló que existe un incremento de certificados de inamovilidad laboral que impiden aplicar despidos inmediatos, lo que obliga al Gobierno a avanzar de manera progresiva en la reestructuración institucional.

Por su parte, el ministro Lupo reiteró que el Ejecutivo trabaja en la renovación del aparato estatal, aunque reconoció que la normativa actual limita las decisiones inmediatas y obliga a cumplir procedimientos legales antes de realizar cualquier reemplazo.

Mientras tanto, el tema continúa generando debate político, en medio de cuestionamientos sobre la continuidad de funcionarios vinculados a anteriores gobiernos dentro de la actual administración.