El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reveló este miércoles que los grupos que bloquearon durante 12 días el ingreso al vertedero de Cotapachi, en el municipio cochabambino de Colcapirhua, actuaron con planificación previa, financiamiento (se secuestró al menos Bs. 20.000) y equipamiento logístico que incluyó drones, explosivos y vehículos con placas cubiertas.

La intervención policial para ejecutar una sentencia constitucional derivó el lunes en un violento enfrentamiento que dejó dos comunarios fallecidos y al menos 15 heridos, entre ellos siete uniformados.

Oviedo informó que el contingente policial llegó a la zona para garantizar el ingreso de camiones recolectores de basura, luego de que el bloqueo activado en Cotapirhua impidiera el acceso al botadero durante casi dos semanas. Según relató, los uniformados fueron sorprendidos por “grupos organizados” dedicados a la disputa y avasallamiento de terrenos de alto valor comercial en los bordes del vertedero.

“Esto no ha sido casual. Estos grupos contaban con drones, explosivos, vehículos y dinero. Había una evidente planificación”, afirmó en entrevista con radio Panamericana. Señaló además que, al momento de la llegada policial, la agresión “empezó de inmediato”, sin posibilidad de diálogo.

En paralelo, la Fiscalía Departamental de Cochabamba confirmó que un subteniente de la Policía es el principal sospechoso de la muerte de dos comunarios, ambos impactados por proyectiles de arma de fuego. El fiscal Osvaldo Tejerina informó que el uniformado reconoció haber utilizado su arma de reglamento durante el enfrentamiento, aunque en defensa propia.

“Inicialmente fue arrestado, pero tras obtener nuevos elementos materiales y su propia declaración, se procedió a su aprehensión. Será imputado por homicidio”, indicó Tejerina. El subteniente se encuentra internado y bajo custodia policial tras ser sometido a una cirugía para retirar 18 esquirlas de escopeta incrustadas en su cuerpo.

El reporte pericial inicial señala que en la zona del enfrentamiento se recolectaron 16 casquillos: 13 de arma calibre nueve milímetros y tres de escopeta, además de explosivos y otros elementos que están en análisis del IDIF.

Defensa propia

En su declaración, el subteniente relató que él y otros tres policías, incluida una mujer, fueron rodeados por casi 30 manifestantes que los golpearon y les lanzaron petardos, dinamitas y piedras, cuando ya no tenían agentes químicos para dispersión.

El uniformado afirmó que realizó un primer disparo “disuasivo hacia el piso” para intentar escapar, pero al ser nuevamente acorralados —y escuchar amenazas como “¡Échale gasolina, los vamos a quemar!”— ejecutó un segundo disparo en lo que consideró un “estado de necesidad actual y real” para proteger su vida y la de sus camaradas.

El inspector general de la Policía, Gunther Agudo, explicó que, pese a que el subteniente asegura haber actuado en defensa propia, el uso de armas de fuego en operativos de control social estaba “estrictamente prohibido” por normativa interna. Afirmó que el caso debe ser esclarecido con transparencia por el Ministerio Público.

Además, autoridades policiales y del Ministerio de Gobierno sostienen que el contingente fue víctima de una emboscada planificada mientras se retiraba del operativo. Dos hombres y una mujer fueron aprehendidos dentro de un vehículo donde se hallaron un dron, artefactos explosivos y 20.000 bolivianos en efectivo. La hipótesis preliminar es que ese dinero habría sido destinado al pago de los movilizados.

“Estos grupos estaban organizados y equipados. Nada fue improvisado”, afirmó Agudo, quien también denunció que varios policías —hombres y mujeres— fueron víctimas de torturas y hostigamiento.

Conflicto de larga data

El alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, aseguró que el bloqueo no respondía a una demanda social legítima y que, más bien, estuvo alimentado por intereses económicos vinculados a la disputa de terrenos en la zona del botadero. Dijo que el conflicto limítrofe entre Quillacollo y Colcapirhua no está en discusión, pues ya existe un acta que define los límites desde 1994.

“Se trata de grupos violentos financiados. No hubo una demanda social real”, sostuvo.

El conflicto por la gestión de residuos sólidos en el eje metropolitano de Cochabamba se arrastra desde abril, cuando se cerró el botadero de K’ara K’ara. El municipio cochabambino no ha logrado poner en marcha un nuevo sistema de disposición final, pese a que existen proyectos de industrialización de basura en carpeta.

Mientras continúan las investigaciones fiscales y policiales, el Gobierno convocó a que no se politice el caso y pidió “llegar al fondo” para identificar a los responsables materiales e intelectuales de la emboscada y del bloqueo que paralizó la recolección de residuos durante casi dos semanas.

EL DEBER