El cambio en la estatal petrolera se produce en medio de protestas del transporte y cuestionamientos por la distribución de gasolina de mala calidad.
En plena crisis por combustibles, el Gobierno de Bolivia decidió reemplazar a Yussef Akly en la presidencia de YPFB y posesionar a Claudia Cronenbold, en un intento por reconducir la empresa estatal tras denuncias de gasolina defectuosa y presuntas irregularidades.
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, oficializó la designación de Claudia Cronenbold como nueva presidenta ejecutiva de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en sustitución de Yussef Akly, cuya gestión duró cuatro meses y 21 días y estuvo marcada por una de las mayores crisis recientes en el sector energético.
La salida de Akly ocurre en un contexto de fuerte presión social, tras las denuncias de transportistas sobre daños en miles de vehículos provocados por gasolina de mala calidad. El conflicto derivó en bloqueos y un paro que paralizó La Paz y El Alto, obligando al Gobierno a negociar compensaciones y controles más estrictos.
Durante su gestión, Akly enfrentó el desabastecimiento inicial de carburantes mediante la importación de combustible desde Paraguay; sin embargo, la posterior distribución de gasolina con presencia de manganeso y goma agravó la situación, afectando a cerca de 2.000 vehículos, según reportes oficiales.
El escándalo derivó en la desvinculación de 360 funcionarios y la reestructuración de áreas clave dentro de YPFB, además de abrir investigaciones por un posible sabotaje interno y por denuncias de sobreprecio en la compra de combustibles a través de intermediarios internacionales.
En este escenario, la nueva titular de la estatal asume con el desafío de restablecer la credibilidad institucional y garantizar la calidad del suministro. Cronenbold cuenta con más de dos décadas de experiencia en el sector energético, con trayectoria en empresas como Petrobras y en operaciones internacionales.
El presidente Rodrigo Paz señaló que esta designación marca el inicio de una “segunda etapa” para YPFB, orientada a recuperar su rol estratégico, fortalecer la producción nacional de combustibles y combatir la corrupción dentro de la empresa.
Mientras tanto, el conflicto con el sector del transporte continúa en fase de seguimiento. El acuerdo alcanzado con el Gobierno incluye auditorías a la calidad del combustible, inspecciones en plantas como Senkata y la habilitación de mecanismos de compensación para los afectados.
A pesar del relevo en la dirección, el problema estructural persiste: Bolivia sigue dependiendo de la importación de carburantes en un contexto internacional de precios elevados, lo que mantiene la presión sobre el sistema energético y deja abierta la posibilidad de nuevos conflictos sociales si no se logran soluciones de fondo.
