El gobierno de Luis Arce se aprovecha de las arcas estatales hasta último momento. Mediante el Decreto Supremo N° 5470 instruyó el pago obligatorio de vacaciones no utilizadas a los servidores públicos en un plazo máximo de 45 días calendario a partir de la desvinculación de autoridades y empleados.
La norma fue firmada por Arce el 8 de octubre, en plena crisis de los carburantes, y modifica el reglamento del Estatuto del Funcionario Público para garantizar la compensación económica en toda la escala de cargos en instituciones estatales.
El decreto especifica que el pago procederá únicamente en casos excepcionales, como el fallecimiento del servidor (a favor de sus herederos), la destitución, la renuncia voluntaria al cargo o por motivos de extinción de la entidad pública, causales que pueden darse con la instalación de un nuevo gobierno.
Hace unas semanas, mientras se agudiza la crisis en el país, el gobierno de Arce dispuso la elevación de salarios del 5% al personal de seis empresas estatales y dispuso que la Policía tenga más de 20 generales con la elevación de sueldos a quienes ascendieron a cargos de la cúpula policial.
Un aspecto clave de la nueva disposición es que el pago deberá realizarse de oficio por parte de la entidad pública, sin necesidad de que el exfuncionario presente una solicitud expresa.
La disposición transitoria de la norma establece que las entidades que a la fecha tengan pagos pendientes por este concepto deben adecuarse al nuevo plazo de 45 días.
Adicionalmente, el decreto modifica la normativa sobre el Aguinaldo de Navidad, estableciendo que el pago de este beneficio a servidores y exservidores públicos deberá efectuarse, como máximo, hasta el día 20 de diciembre de cada año.
El financiamiento para cubrir estas obligaciones se hará con recursos propios de cada institución, según la normativa.
Para aquellas entidades que dependen del Tesoro General de la Nación, se podrá cubrir el costo con recursos del TGN, previa evaluación del presupuesto institucional de la entidad solicitante.
Tratándose de un decreto de último momento, es probable que el nuevo gobierno que empezará administrar el país a partir del 9 de noviembre puede emitir otra norma de la misma jerarquía que deje sin efecto el decreto de Arce, a fin de que no se produzca afectación a las arcas del Estado.
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