El Gobierno ha convocado nuevamente a los empresarios para que presenten argumentos técnicos y legales que sustenten su petición de anular la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que establece el decomiso de productos y alimentos.

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, ha enfatizado que esta disposición no fue concebida para afectar al sector gremial o productivo, y ha invitado a los empresarios a un diálogo para contrastar ideas y buscar soluciones. Sin embargo, Silva también ha señalado que el Ejecutivo no tiene competencia para anular la norma, lo que ha generado preocupación entre los gremiales y empresarios.

Los sectores productivos y de la cadena de suministros han advertido que, si el Gobierno y el Legislativo no anulan la disposición, acatarán un paro de actividades el 10 de febrero. En una reciente reunión multisectorial en Sucre, se consideró que no hay motivos para el diálogo mientras la disposición esté vigente. César González, máximo ejecutivo de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, ha criticado las medidas de intervención y amedrentamiento aplicadas bajo el pretexto de combatir el agio y la especulación, argumentando que no resuelven la falta de alimentos ni la escasez de divisas e hidrocarburos.

En el encuentro multisectorial, surgieron siete determinaciones dirigidas a los órganos Ejecutivo y Legislativo, y se planteó la propuesta de gestar un anteproyecto de ley para abrogar la disposición séptima, considerada confiscatoria y atentatoria a la seguridad jurídica del aparato productivo nacional. Los sectores agropecuarios, gremiales, cuentapropistas, transportistas, industriales y exportadores demandan la abrogación de dicha disposición, que permite confiscar o decomisar productos si se considera que tienen un precio elevado