Los operativos policiales desplegados tras la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset derivaron en la incautación de bienes valuados en más de 15 millones de dólares, entre ellos 16 avionetas, vehículos de alta gama, armas, droga e inmuebles en Santa Cruz. Las autoridades consideran que se trata de uno de los mayores golpes económicos contra la estructura logística que operaba en el país.

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, informó que los operativos se concentraron principalmente en el norte cruceño y en la zona del Urubó, donde la Policía logró decomisar aeronaves, automóviles de lujo, armamento y propiedades presuntamente vinculadas a la organización criminal.

Entre los hallazgos destacan 16 avionetas ubicadas en dos aeródromos. De acuerdo con el reporte oficial, cuatro de estas aeronaves se encontraban inoperables, mientras que el resto estaba en funcionamiento. Una de ellas llevaba en la cola un distintivo en forma de corona, que las autoridades presumen era utilizado de forma personal por Marset.

Inicialmente también se había dispuesto la incautación de dos aeródromos; sin embargo, posteriormente fueron devueltos a sus propietarios por decisión de operadores de justicia, una situación que el viceministro calificó como un aspecto complejo dentro del marco legal vigente.

Los operativos en el Urubó permitieron además el secuestro de diez vehículos de alta gama, entre ellos un Mercedes-Benz blanco con blindaje nivel 7 —considerado el más alto nivel de protección— que presuntamente era utilizado por el narcotraficante. Asimismo, se incautaron dos motocicletas, una de la marca BMW.

Durante las intervenciones también se hallaron 21 armas de fuego, entre fusiles, escopetas y rifles con mira telescópica, algunos con tecnología superior al armamento utilizado por la Policía boliviana. A esto se suman cuatro granadas, 54 kilos de marihuana valuados en aproximadamente 54.000 dólares y tres sobres de cocaína con un peso total de 200 gramos.

Las autoridades también reportaron la incautación de cinco inmuebles con mobiliario de lujo, tres ubicados en el Urubó y dos en la zona de Las Palmas, los cuales fueron registrados por notarios durante los operativos.

El comandante de la Policía, Mirko Sokol, informó que en las acciones se aprehendió a ocho personas, de las cuales cuatro fueron enviadas con detención preventiva al penal de Palmasola.

Según detalló, en la primera intervención realizada en Las Palmas se capturó a cuatro miembros del equipo de seguridad de Marset: dos ciudadanos colombianos, un venezolano y una mujer uruguaya. En los operativos desarrollados en el Urubó fueron arrestadas otras cuatro personas, entre ellas un chileno con antecedentes por narcotráfico y un brasileño vinculado al grupo criminal Comando Vermelho. Las identidades de otros dos implicados no fueron reveladas por razones legales.

Mientras continúan las investigaciones en Bolivia, el viceministro Paredes confirmó que Marset ya se encuentra recluido en una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos, tras ser trasladado bajo custodia de agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA).

La agencia antidrogas informó que el uruguayo enfrentará cargos relacionados con tráfico de cocaína y lavado de dinero. En un comunicado oficial, la DEA señaló que su captura representa “un paso significativo hacia una América más segura”.

La legislación estadounidense contempla penas de hasta 20 años de prisión por lavado de dinero, además de multas que pueden alcanzar los 500.000 dólares o el doble del monto involucrado en las operaciones ilegales, junto con la confiscación de activos.

Las investigaciones identifican a Marset como un intermediario clave en el tráfico internacional de cocaína, encargado de coordinar envíos que conectaban a productores en Bolivia con organizaciones criminales en Europa.

Una de las piezas centrales del caso es su socio y presunto financista, el uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo, considerado el tesorero de la organización. En 2025 fue condenado a 15 años de prisión por un tribunal federal en Virginia tras declararse culpable de lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Según la investigación, Santoro utilizó al menos siete empresas para ocultar el origen de los fondos y logró mover más de 11 millones de dólares a través de bancos estadounidenses en apenas cinco meses.