El viceministro Silva manifestó que se dejó en claro que mientras no se redacte la reglamentación la disposición no entrará en vigencia.

Pedro Valda, uno de los representantes de los gremiales de la ciudad de El Alto, informó este viernes que los comerciantes minoristas quedarán excluidos de la disposición de decomisos que se encuentra insertada en la Ley Financial.

“El sector comerciante minorista va a quedar excluido del alcance de esta normativa, de la disposición séptima”, indicó Valda a Unitel.

De acuerdo con el dirigente, este es uno de los acuerdos a los que se llegó en el diálogo que se sostuvo con el viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva.

En esta reunión también participaron dirigentes gremiales de La Paz y del departamento amazónico de Beni.

La disposición observada establece: “Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y el abastecimiento de alimentos esenciales”, las entidades competentes, podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, “a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

Valda manifestó también que se acordó instalar mesas de trabajo y se quedó en que los controles proseguirán en los mercados para velar por el correcto abastecimiento de los productos.

Ante este acuerdo, el dirigente gremial aseveró que su sector no va a participar en la movilización convocada para el lunes 13 de enero por el dirigente Antonio Siñani.

“Nosotros hemos sido muy enfáticos en ese aspecto, nosotros no vamos a participar en ningún tipo de movilización que vayan a velar algunos intereses o están siendo movidos políticamente, nosotros somos responsables y si en algún momento tenemos que movilizarnos será por reivindicaciones justas y necesarias”, señaló el dirigente.

Entre tanto, Silva manifestó que se dejó en claro que mientras no se redacte la reglamentación la disposición no entrará en vigencia.

Sin embargo, los empresarios y agropecuarios lejos de ser parte del proceso de reglamentación, en el que negaron su participación insisten en que la disposición debe ser anulada porque según dicen viola la Carta Magna.

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