El presidente Rodrigo Paz Pereira juramentó ayer al abogado tarijeño Hugo César León Lafaye como nuevo procurador general del Estado. La ceremonia tuvo lugar en un día marcado por el cambio de timón en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y la posesión de otras autoridades.

Paz, que llegó al poder hace 18 días, ratificó ayer la promesa de restaurar el Estado de Derecho, normalizar la justicia y desmontar la estructura institucional heredada del MAS, que —según afirmó— operó únicamente al servicio del poder político y no del país.

En ese contexto, la designación del nuevo procurador, oficializada con el Decreto Supremo 4554, también estableció nuevas prioridades para ese portafolio que tiene el mandato de la defensa de los intereses del Estado boliviano.

De hecho, tras prestar juramento, el nuevo procurador aseguró que la institución dejará atrás su papel como “instrumento de persecución política” y que se hará una “procuraduría de puertas abiertas y de cara al pueblo”, con apego estricto a la Constitución.

La Procuraduría estuvo entre los acusadores de la expresidenta Jeanine Áñez y defendió en estrados judiciales la narrativa del “golpe de Estado” de 2019, cuando Evo Morales intentó ser reelegido por encima de los límites constitucionales. La entidad también perdió varios procesos internacionales derivados de la política de la nacionalización.

“Símbolos de la injusticia”

En su intervención, Paz remarcó que la renovación de la Procuraduría forma parte de los primeros pasos de su administración para reconstruir la institucionalidad del país, tras casi dos décadas de control político sobre la justicia.

“En veinte días, el Ministerio de Justicia ha muerto, los prorrogados se han ido y hoy se termina con la Procuraduría, símbolo de la persecución”, afirmó, aludiendo a tres estructuras que, a su juicio, representaban la utilización del aparato estatal para perseguir opositores y asegurar impunidad para el oficialismo anterior que estuvo bajo la visión política del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El mandatario sostuvo que su gobierno trabaja para instaurar “un Estado al servicio de la gente”, orientado a la modernidad, las libertades y el fortalecimiento democrático. “Bolivia merece un sistema judicial que no esté secuestrado por un partido político, sino que responda a las grandes mayorías”, aseguró en el evento.

La nueva misión

Paz recordó que la Procuraduría tenía funciones fundamentales que fueron dejadas de lado durante años: representación del Estado en procesos internacionales, asesoramiento jurídico, defensa judicial, control de transparencia, participación social y elaboración de informes presupuestarios.

Cuestionó, de este modo, que la memoria colectiva asocie a la entidad únicamente con persecución y no con su mandato real.

“Esta institución debía velar por el interés del Estado, pero terminó siendo recordada como un mecanismo de hostigamiento a bolivianos y bolivianas”, señaló.

El presidente también anunció que la Procuraduría formará parte de la Comisión de la Verdad en materia de hidrocarburos, una instancia que el Gobierno relanzará en los próximos días para esclarecer decisiones pasadas que afectaron los recursos del país.

“Tendrán una función relevante y preponderante en este proceso”, dijo a León jurar al cargo.

Más promesas

En su primer discurso, León Lafaye agradeció la confianza del mandatario y se comprometió a reinstaurar el Estado de derecho desde una Procuraduría despolitizada. Afirmó que se apoyará en las atribuciones constitucionales para defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, atender denuncias ciudadanas y coordinar con todos los órganos públicos, desde el Órgano Legislativo hasta la Contraloría.

“La Procuraduría dejará de ser un instrumento de persecución política. Volveremos al Estado de Derecho y haremos una institución al servicio del pueblo”,  insistió el jefe del Estado.

Con esta posesión, el presidente Paz consolidó uno de los movimientos institucionales más simbólicos desde su asunción. “Estamos haciendo los cambios que nos comprometimos. Un Estado al servicio de la población y no la población al servicio del Estado”, concluyó el mandatario.

Estas acciones se plantearon durante el encuentro instucional que tuvo lugar hace dos semanas en Sucre con el Órgano Judicial.

EL DEBER