El nuevo Gobierno detectó graves irregularidades en el programa de subsidio al trigo, con una ejecución del 6,8%. Mientras se investiga la gestión heredada del MAS, los panificadores denuncian falta de harina y advierten que el precio del pan podría subir

Se abre la primera caja de Pandora en Emapa. El ministro interino de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Óscar Mario Justiniano, ordenó la intervención de la empresa estatal ante indicios de corrupción. La gestión heredada del expresidente Luis Arce Catacora muestra irregularidades en el programa de subsidio al trigo, destinado a la producción de harina. Desde el oficialismo se habla de “una deuda monstruosa”.

EL DEBER accedió al Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, que revela que la estatal solo ejecutó el 6,8% del presupuesto asignado a este programa, equivalente a Bs 755,9 millones.

Este medio cruzó los datos oficiales al 31 de agosto de 2025, los cuales permiten estimar que la deuda vinculada al programa de trigo asciende a Bs 704,6 millones. Al incluir proyectos relacionados, la magnitud del daño podría situarse entre Bs 900 y Bs 1.000 millones.

Por ello, la analogía utilizada por Justiniano para describir la intervención —“una deuda monstruosa”— calza a la perfección.

El trigo, un programa clave

Bolivia subsidia la producción de pan, en especial en el occidente del país lo que permite mantener el precio del alimento en 50 centavos la unidad. Para sostener este precio el anterior Gobierno diseñó un programa en donde paga bien por el trigo local y vende harina barata para que el precio del pan no suba.

De acuerdo a la documentación a la accedió EL DEBER el presupuesto original del programa era de Bs 1.092 millones, pero fue recortado en Bs 336 millones durante el año. Aun con menos recursos, el gasto sigue sin avanzar. Y de un presupuesto vigente de Bs 755,9 millones, solo se devengaron Bs 51,3 millones, lo que equivale a una ejecución del 6,8% hasta el 31 de agosto de 2025.

 En términos simples, de cada 100 bolivianos destinados al trigo, apenas siete se utilizaron efectivamente. El resto permanece inmovilizado, pese a tratarse de uno de los programas más estratégicos para la seguridad alimentaria del país.

Otro dato que llama la atención dentro del documento es el incremento en la partida de compras de harina que al comienzo de año no tenía presupuesto. Pero posteriormente recibió Bs 451,3 millones y hasta agosto ya ejecutó el 98,5% (Bs 444,2 millones). En otras palabras, prácticamente todo el dinero aprobado se gastó en importar y comercializar este producto.

Y hay más cifras que dejan muchas interrogantes. Entre 2023 y 2024, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), incrementó ocho veces el volumen de la  compra de harina destinada a la subvención del sector panificador de siete regiones del país. En 2023 adquirió 117.551 quintales; en 2024 esa cifra llegó a los  974.778 quintales.

Estos datos fueron presentados por el actual exgerente de Emapa, Richard Rojas, durante una petición de informe oral solicitada por el diputado Héctor Arce, en la comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara Baja, antes del balotaje.

Los datos muestran que el volumen de compra de la harina para la subvención representa un incremento del 729% en solo un año (857.227 quintales adicionales)

A nivel general, los Estados Financieros hasta agosto de este año revelan un dato preocupante: de un presupuesto total de Bs 4.531,7 millones, la empresa estatal solo ejecutó el 37,5%. La cifra resulta llamativa no solo por el bajo nivel de ejecución, sino por la magnitud de los recursos que administra EMAPA, que superan incluso al presupuesto anual de la Gobernación de Santa Cruz (Bs 2.164 millones en 2025) y se equiparan a toda la inversión pública prevista para el departamento de La Paz (Bs 3.902,07 millones), de acuerdo con datos del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Intervención

Es en este contexto, en el que el ministro de Medio Ambiente y Agua e interino de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Óscar Mario Justiniano, informó que el actual Gobierno decidió intervenir la estatal y la realización de auditorías al programa de trigo. 

La autoridad anticipó que se esperarán los resultados de estos peritajes encargados a una comisión interventora que revisará los números de la empresa estatal, que en la anterior gestión fue cuestionada por malos manejos administrativos y denuncias de corrupción.

El ministro recalcó que el objetivo central es “proteger el bienestar de las familias bolivianas” y aclaró que la unidad de intervención emitirá un informe detallado para identificar “dónde están los actos de corrupción que han mellado la dignidad no solo de una institución importante, sino también la economía de nuestras familias”.

En un escenario que se vislumbra muy complejo pidió tiempo para conocer los resultados de la intervención y anunció que se convocará a una reunión con el sector panificador “para definir una solución estratégica que beneficie a la población”. Reconoció que el país atraviesa “un momento económico complejo” y que aún existen instituciones “acéfalas” o con gestiones heredadas de la anterior administración.

Sobre la política de subsidios que el actual Gobierno heredó del MAS, sostuvo que actuará con responsabilidad para cuidar a los sectores más vulnerables. “El presidente Rodrigo Paz ha sido claro: debemos tomar medidas que afecten lo menos posible al bolsillo de la población. En este momento, con indicios de corrupción en Emapa, se ha decidido la intervención inmediata para establecer responsabilidades”, dijo.

Respecto a los rumores sobre un posible incremento del precio del pan, Justiniano llamó a la calma: “No alarmemos a la población porque eso solo genera especulación y deteriora aún más la economía familiar. Vamos a buscar consenso con todos los sectores, siempre pensando en el bienestar común”.

Añadió que la auditoría a Emapa no solo busca esclarecer los pagos irregulares, sino también recuperar la confianza y la transparencia en la gestión estatal.

El anuncio se da mientras el exgerente de Emapa, Franklin Flores, enfrenta tres procesos judiciales por presunta corrupción. Exdiputado del MAS, Flores fue designado en 2021 y es investigado por delitos como incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito. Entre los casos más relevantes figuran la adjudicación de una planta de papa en El Alto y un proyecto piscícola en el lago Titicaca.

Flores guarda detención domiciliaria con arraigo y una fianza de Bs 50.000, mientras la Fiscalía amplía las pesquisas. Según una denuncia legislativa, durante su gestión en Emapa se habrían malversado más de Bs 934 millones en nueve proyectos productivos.

Alza del pan

El ejecutivo de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia, Rubén Ríos, informó que el sector aguarda una convocatoria del Gobierno para definir el precio del pan de batalla a nivel nacional 

Explicó que el tema está en análisis junto con las federaciones departamentales y que, de no haber respuesta hasta hoy, se realizará un ampliado el próximo lunes para asumir decisiones.

“Si está en una etapa investigativa, que investiguen lo que tienen que investigar. No se ha procedido con malicia ni se ha hecho daño al Estado”, señaló Ríos.

Agregó que la organización busca transparencia en sus costos y coordinación con las autoridades para garantizar estabilidad en la producción.

Según Ríos, el precio del pan podría fijarse en torno a un boliviano la unidad, considerando los costos actualizados que se trabajaron junto al Viceministerio de Comercio y Logística Interna.

Otros dirigentes del sector panificador denunciaron que el Gobierno no cumplió con la entrega total de harina comprometida, lo que está generando un desfase en la producción del pan de batalla a nivel nacional. Según los representantes, de los 64.000 quintales acordados, solo se han recibido 9.678, es decir, menos del 30%.

El sector exige al Ejecutivo un aumento inmediato en el volumen de harina asignado y la regularización de los pagos pendientes para evitar una crisis en la cadena de producción.

No obstante, hasta nuevo aviso, suspendieron la entrega de pan marraqueta a los puestos de venta en el popular mercado Rodríguez de la ciudad de La Paz, según reporte de medios estatales.

La intervención en Emapa abre un capítulo decisivo para el manejo de los subsidios alimentarios. Lo que se descubra en las próximas semanas pondrá a prueba la promesa de transparencia del nuevo Gobierno y determinará si el pan de batalla sigue costando lo mismo o se convierte en otro indicador de la crisis heredada del MAS.

///EL DEBER////