Dircabi habría restituido propiedades sin orden judicial; autoridades activan auditoría para esclarecer el manejo de activos.

La devolución de bienes incautados al narcotraficante Sebastián Marset tras su fuga en 2023 es investigada por presuntas irregularidades, luego de que se detectara que la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) habría actuado sin respaldo judicial. Una auditoría ya está en marcha.

La denuncia fue impulsada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), que señala que Dircabi asumió atribuciones exclusivas de jueces al ordenar la restitución de bienes vinculados a Marset, pese a que estos se encontraban bajo custodia estatal.

Uno de los casos más relevantes es la quinta “El Paraíso”, ubicada en Porongo, que había sido entregada en resguardo a la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en julio de 2024. Sin embargo, el inmueble fue devuelto en septiembre de 2025 mediante una instrucción administrativa firmada por el entonces director de Dircabi, Edgar Estiven Mercado, actualmente prófugo.

El actual director de Dircabi, Héctor Montes, confirmó que se identificó un manejo discrecional de los bienes incautados. Detalló que, tras recuperar nuevamente la propiedad junto con la Felcn y la Fiscalía, se encontraron remodelaciones, una cancha de pádel y mobiliario nuevo, realizados mientras el investigado se encontraba prófugo.

Montes calificó como “irregular” la restitución del inmueble y cuestionó la intervención de terceros en su modificación. “Los bienes fueron administrados de manera discrecional tras la fuga de Marset”, afirmó.

Ante estos indicios, Dircabi y la Felcn iniciaron una auditoría conjunta para determinar el destino de los activos y establecer responsabilidades. El proceso incluye la revisión de documentación, transferencias y decisiones administrativas adoptadas tras la fuga del narcotraficante.

Los operativos vinculados al caso, dirigidos por el fiscal Julio César Porras, abarcaron múltiples propiedades en Santa Cruz, principalmente en zonas como el Urubó, La Guardia y Porongo. Entre los bienes intervenidos figuran viviendas en condominios, terrenos rurales e infraestructura de alto valor.

No obstante, la Felcn revisa ahora la situación legal de estos inmuebles, al considerar que algunos habrían sido devueltos sin orden judicial, lo que vulneraría la normativa vigente sobre administración de bienes incautados.

El caso abre un nuevo frente en la investigación sobre la red de Marset y pone en cuestión el control estatal sobre activos vinculados al narcotráfico. Las autoridades buscan esclarecer si existió una estructura que facilitó la devolución irregular de bienes y determinar posibles responsabilidades dentro de las instituciones involucradas.