El experto observa que el Estado asume el peso fiscal, operativo y financiero de sostener un modelo extractivo intensivo, abre la posibilidad de modificar la Ley 535 a favor de las cooperativas y pone en riesgo la seguridad del país.

El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la dirigencia de las cooperativas mineras no es un episodio más dentro de la larga y conflictiva historia de la minería boliviana, donde otra vez el sector cooperativista resulta fortalecido y el Estado más debilitado e incluso en riesgo, frente a intenciones de abrir otra vez la Ley minera 535 para posibilitar sociedades con privados o el manejo de una empresa de explosivos, afirma el experto en lucha contra la minería ilegal Jaime Cuéllar.

“El reconocimiento expreso, ahora por parte del actual Gobierno, de una sola federación nacional como representación legítima de las cooperativas mineras consolida una vez más el fenómeno que ya venía gestándose desde hace años, la apropiación del rol de interlocución por una dirigencia que ha vaciado de contenido social al cooperativismo, reemplazándolo por una lógica de élite”, señala a ANA.

Bajo la apariencia de consensos y compromisos, señala el especialista, se configura un proceso más profundo, la progresiva transferencia de decisiones estratégicas sobre los recursos naturales desde el Estado hacia actores corporativos con alta capacidad de presión.

“La formalización de un nuevo equilibrio de poder, uno en el que el Estado deja de ser el arquitecto de la política minera para convertirse en una vez más en un actor reactivo, condicionado por la fuerza de un sector que ha aprendido a convertir su capacidad de presión social en poder normativo, económico y político”, observa.

Este acto no solo reduce el pluralismo interno, sino que refuerza una estructura vertical de poder capaz de hablar en nombre de miles de cooperativistas sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

“Para el Estado, y muy especial para el actual gobierno, esta decisión implica una dependencia política estructural, negociar con un solo actor fuerte resulta funcional para la gobernabilidad inmediata, pero profundamente nocivo para la construcción de políticas públicas equilibradas y sostenibles”, advierte en su análisis.

El compromiso de ajustar el marco normativo para evitar que determinadas disposiciones afecten al sector cooperativo minero marca un quiebre aún más grave, afirma Cuéllar, pues se instala la idea de que la ley no es un instrumento de ordenamiento general, sino una variable sujeta a negociación.

“En este escenario, el Estado abdica de su rol regulador y acepta una lógica de excepción permanente, donde la normativa se adapta al actor con mayor capacidad de presión. La política minera, lejos de orientarse por criterios técnicos, ambientales o fiscales, queda atrapada en una dinámica de administración del conflicto”, sostiene.

Combustible y explosivos

En cuanto a las exigencias relacionadas con el suministro de combustible y explosivos exponen, sin ambigüedades, el verdadero corazón del acuerdo, según Cuéllar.

“En un escenario marcado por restricciones energéticas, tensiones logísticas y creciente presión sobre insumos estratégicos, la decisión de garantizar un abastecimiento preferente al sector cooperativo minero no es neutra ni técnica, es profundamente política”, señala.

En ese escenario, dice que el Estado asume el peso fiscal, operativo y financiero de sostener un modelo extractivo intensivo que consume recursos, pero devuelve al erario público una contribución marginal.

“Se consolida así una asimetría estructural cada vez más pronunciada, donde recursos públicos finitos sostienen circuitos cooperativos de acumulación, mientras otros sectores productivos y la ciudadanía enfrentan escasez, encarecimiento y la transferencia silenciosa de los costos de un modelo que ahora confirma que prioriza la extracción por encima del interés colectivo”, observa.

Esta lógica -dice el experto- se profundiza con la propuesta de ampliar la capacidad de la Empresa Nacional de Explosivos mientras, de manera simultánea, se promueve la apertura del mercado a nuevos operadores privados, configurando una la liberalización de un insumo altamente sensible, con impactos directos sobre el control estatal y la seguridad del Estado.

“A ello se suma la apertura al relacionamiento internacional y a la incorporación de nuevas tecnologías, un proceso que rara vez es neutro y que suele venir acompañado de condiciones financieras, intermediarios y esquemas de dependencia, muchas veces canalizados a través de empresas pantalla, traders informales y circuitos financieros opacos”, expone.

La eventual habilitación de la exportación directa de minerales, termina de cerrar este esquema, ampliando los márgenes de discrecionalidad, debilitando los mecanismos de trazabilidad y reforzando un entorno propicio para la expansión de la economía gris, en detrimento del interés fiscal, regulatorio y soberano del Estado boliviano.

“La creación de una comisión permanente de trabajo en la Casa Grande del Pueblo, con presencia directa del Presidente y ministros, institucionaliza un esquema de co-gobernanza sectorial”, advierte.

Este acceso privilegiado convierte a la dirigencia cooperativa en un actor con capacidad de incidir de manera directa en la toma de decisiones estratégicas, sin contrapesos equivalentes de otros sectores sociales, ambientales o productivos.

“El Estado renuncia a su función arbitral y pasa a negociar desde una posición estructural de fragilidad, normalizando la subordinación de la política pública a intereses corporativos”, dice.

Riesgo de modificar el artículo 151 de la Ley 535

El jurista observa particularmente delicada la intención de modificar el artículo 151 de la Ley 535 para permitir la asociación entre cooperativas mineras y empresas privadas.

“Esta reforma no solo legaliza prácticas preexistentes, sino que consolida un modelo híbrido que combina las ventajas de lo privado con las prerrogativas de lo cooperativo; el resultado es un régimen de baja carga tributaria, débil control estatal y alta rentabilidad, que erosiona la capacidad del Estado para captar renta minera y ejercer soberanía sobre sus recursos estratégicos”, cuestiona.

Finalmente, la decisión de avanzar en la modificación de la ley minera mediante leyes cortas confirma la fragmentación deliberada del marco normativo.

“En lugar de una reforma integral, debatida y transparente, se opta por intervenciones parciales que responden a demandas específicas del actor dominante. Este método debilita la coherencia del sistema legal y  deja al Estado sin una visión estratégica de largo plazo”, señala.

En su conjunto, el acuerdo con el sector cooperativista minero, representa mucho más que una concesión coyuntural al sector cooperativo minero, según el analista, ya que se traduce en la manifestación de un Estado en retroceso, que cede capacidad regulatoria, soberanía normativa y control económico frente a un actor que ha sabido articular poder social, recursos financieros y alianzas opacas.

\\Agencia de noticias ambientales ANA//