La jueza Lilian Moreno Cuéllar fue aprehendida ayer en Santa Cruz y trasladada a La Paz, donde optó por no declarar ante la Fiscalía ni ante los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). La aprehensión se realizó en cumplimiento de una instrucción fiscal emitida el 3 de mayo, y Moreno fue detenida cerca de su domicilio, cuando se dirigía a su trabajo. Posteriormente, fue trasladada vía aérea a La Paz y recluida en celdas policiales.
La jueza es acusada de prevaricato y desobediencia a resoluciones constitucionales, luego de anular una orden de aprehensión contra Evo Morales, investigado por delitos graves, incluidos trata y tráfico de personas. La Fiscalía sostiene que Morales nunca se presentó a declarar, lo que motivó la decisión judicial de anular la imputación.
El abogado defensor de Moreno, Silvestre Ibáñez, ha señalado irregularidades en el proceso, mencionando que el traslado de la jueza a La Paz fue inapropiado, ya que debía ser procesada en Santa Cruz. Además, indicó que su defendida no fue notificada correctamente y que se le negó el derecho a defensa en los primeros momentos de su aprehensión. Ibáñez también reveló que Moreno se encuentra en un estado delicado de salud tras haberse sometido a dos intervenciones quirúrgicas recientes.
La Fiscalía General del Estado, encabezada por Róger Mariaca, confirmó la aprehensión y señaló que Moreno será imputada formalmente. Un juez cautelar decidirá su situación jurídica en las próximas horas. A su vez, el Consejo de la Magistratura anunció que abrirá un proceso penal y disciplinario contra la jueza, aunque la documentación será enviada a Santa Cruz para su tramitación.
Este caso se ha desenvuelto en un contexto de alta tensión política, ya que la denuncia contra Morales se utiliza como una herramienta en la lucha política. El exmandatario, quien aspira a retornar al poder en las elecciones de 2025, ha sido el centro de controversias tanto por sus críticos como por sus defensores.
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