Tras la Comisión de la Verdad que indaga –desde el Ejecutivo y otras instancias– los supuestos casos de corrupción en la gestión pasada, ahora la Cámara Baja investigará las nuevas denuncias.

La ALP empieza a ponerse en primera línea para llegar al fondo de la verdad en torno al supuesto sobreprecio en la compra de crudo para refinar combustibles.

El diputado Edwin Huiza (Alianza Popular), confirmó este jueves a Brújula Digital: “anoche en la Cámara de Diputados se ha conformado una comisión, de las diferentes bancadas políticas, para hacer las investigaciones y el seguimiento que corresponde a través de autoridades de diferentes ministerios y (autoridades) jurídicas, para que se llegue a una verdad”. “Hay que ver si hay malversación o algo ilegal, la justicia tiene que proceder como corresponde”, agregó.

El miércoles, el procurador general del Estado Hugo León informó que estaba gestionando con la ALP la creación de una “Comisión de la Verdad II”, para investigar dos temas ligados a los carburantes: la venta de gasolina contaminada y su nocivo efecto en vehículos, y, fundamentalmente, las denuncias de presunto sobreprecio en la importación de crudo.

En diciembre, el Ejecutivo implementó la Comisión de la Verdad sobre los Hidrocarburos, con el propósito de indagar varias supuestas irregularidades en YPFB y otras entidades ligadas al rubro, durante el anterior gobierno. En este equipo no hay representación del legislativo.

Fiscalización

Además de Huiza, otros asambleístas ven con buenos ojos trabajar en este tema. Santiago Ticona, diputado de Libre, hace referencia a que una de las principales “facultades” de los legisladores es precisamente la de fiscalización “para transparentar la situación, ante el silencio del Ejecutivo que genera muchas susceptibilidades”. “La población tiene derecho a saber qué ha pasado y que se realice una investigación independiente, y por eso esta comisión está conformada por parlamentarios de diversas fuerzas políticas”, agregó.

También opinó la diputada del PDC Patricia Patiño que va en la misma línea: “hay que transparentar, y transparentar quiere decir interpelar. Si tienen la razón (los presuntos involucrados) los vamos a aplaudir, si no la tienen, vamos a actuar como corresponde”, manifestó y remarcó que “la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz establece dos formas (de irregularidades): por omisión y por acción, y en este caso hubo muchas omisiones”.

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