Burocracia, falta de controles y sanciones leves dificultan la planificación urbana en la ciudad, donde el 31% del suelo es inestable y de alto riesgo. Dos expertos plantean soluciones para evitar la recurrencia de los desastres

Las escenas dantescas se repiten todos los años. En la temporada de lluvias en Bolivia, que usualmente va de noviembre a marzo, varias regiones experimentan consecuencias devastadoras de las tormentas y la mala gestión de prevención de riesgos, pero pocas sufren tanto los efectos negativos como La Paz.

La sede de Gobierno es posiblemente la ciudad más vulnerable del país a las lluvias, como consecuencia de sus características topográficas y de sus problemas de crecimiento urbano, marcado por las dificultades administrativas para poner en práctica las políticas de ordenamiento territorial. Según el registro de la Alcaldía, solo entre el 19 de diciembre y el 31 de marzo se atendieron 4.229 casos de emergencias por causas relacionadas a las lluvias.

Dos hechos recientes desnudan la vulnerabilidad de la ciudad. A finales de noviembre un deslizamiento de tierra sepultó más de 40 viviendas en la zona de Bajo Llojeta y ocasionó la muerte de una menor de edad. Las investigaciones revelaron que el desastre ocurrió no solo por la tormenta, sino que fue agravado por un movimiento ilegal de tierras en la parte alta de la zona.

Dos meses más tarde, ochenta familias tuvieron que ser evacuadas del barrio Codavisa ante el riesgo de colapso de sus viviendas. Las imágenes mostraban muros con grietas, casas a punto de caer, calles por las que corría el lodo y decenas de personas acarreando televisores, colchones y cajas con artículos familiares.

El relato común atribuye la fragilidad de La Paz a sus características topográficas: un valle ubicado entre el altiplano y la Cordillera Oriental, por el que circulan más de 300 ríos y quebradas que han erosionado la tierra y la van profundizando constantemente.

Según el último mapa de riesgos de La Paz, que data de 2011, un tercio de la ciudad es inestable y no apta para el desarrollo urbano: el 31% de la superficie está calificada como zona de riesgo y alto riesgo. A pesar de la peligrosidad de los terrenos, la ciudad crece sin control sobre estas zonas en las que se concentran familias de pocos recursos económicos debido al bajo costo de la tierra.

Sin embargo, las particularidades geográficas de La Paz y la escasa vegetación no son la única causa detrás de los desastres, a estas se suman algunas deficiencias administrativas.

Solangel Murillo, ingeniera geóloga con larga trayectoria en gestión de riesgos en la Alcaldía de La Paz, explica que hay dilaciones en los permisos de construcción, poca fiscalización a las obras y sanciones leves para los infractores.

En relación al primer punto, la experta señala que existe burocracia para la autorización de construcciones en el municipio y que ante la demora del trámite algunas personas inician las obras sin tener el permiso. “Muchas veces surgen observaciones cuando la casa ya está construida”, explica la especialista.

A esto se suma la laxitud de los controles y las sanciones por el incumplimiento de normas. Si alguien infringe una norma, la Alcaldía no puede hacer mucho más que emitir notificaciones, ordenar adecuaciones técnicas en la construcción o cobrar una multa. Solo en casos excepcionales se ordena la demolición de la obra y ésta incluso puede ser convertida en una multa pecuniaria en ciertos casos, según establece la Ley de Fiscalización Técnica Territorial.

Sin embargo, el geógrafo Huber Matzurec agrega que también existe un problema serio de “clientelismo y corrupción” en la planificación del crecimiento urbano de la ciudad, lo que hace que la reglamentación municipal “no sirva para nada”.

Otro de los elementos determinantes en relación a los desastres en La Paz tiene que ver con la falta de claridad de los límites territoriales, algo que fomenta las irregularidades y debilita los controles: hay quienes optan por tributar en un municipio colindante donde los impuestos son más bajos a cambio de obtener permisos para la construcción en una zona de delimitación difusa. Esto, además de perjudicar los proyectos de crecimiento de la ciudad, deriva en problemas de atención de las emergencias.

Para resolverlo, Murillo considera que se debe promover la metropolización de la región para encarar de manera conjunta temas como el pago de impuestos, la gestión de riesgos y el recojo de basura, entre otros. “Los municipios de La Paz, El Alto, Mecapaca, Achocalla y Palca ya son una sola ciudad, aunque tengan leyes y normas independientes”, sostiene la experta.

En medio de estos problemas de orden natural y administrativo, los expertos señalan que es fundamental mejorar la planificación urbana a partir de la actualización del mapa de riesgos y otras herramientas de diagnóstico, hacer más eficiente el proceso de autorización de construcciones, reforzar los controles técnicos y endurecer las sanciones contra los infractores.

Matzurec ilustra la urgencia de corregir las cuestiones administrativas cuando sostiene que “los desastres naturales no existen” porque los desastres ocurren cuando coinciden tres fenómenos: un evento de la naturaleza, la concentración poblacional y la vulnerabilidad de la zona. “Si uno falta, no hay desastre”, concluye.

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