La Segunda Vicepresidenta del Senado, Senadora Kathia Quiroga, afirmó este lunes que la remoción de Yussef Akly de la presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) constituye una “confesión de parte, relevo de prueba” que confirma todas las sospechas de la oposición respecto al escándalo de la “gasolina basura”.
“El gobierno tuvo que sacar a Akly no por transparencia, sino porque las pruebas lo hundieron. Su salida es una confesión de parte: el gobierno nunca admitirá su culpa, pero al removerlo justo cuando más ardió el escándalo, se delató solo”, sostuvo la legisladora.
Quiroga advirtió que la nueva presidenta de YPFB, Claudia Cronembold, “hereda una bomba” institucional: miles de vehículos particulares y de transporte público con daños en sus motores, más de 3.000 solicitudes de resarcimiento rechazadas por la estatal petrolera y una población que ha perdido toda confianza en la empresa.
*Los papeles que condenan al gobierno*
La Senadora recordó que documentos internos de YPFB, que se encuentran en poder de la prensa, demuestran que el directorio de la estatal aprobó el desembolso de 20 millones de dólares para cubrir los resarcimientos por los daños causados por el combustible contaminado. Dicha acta fue firmada por el propio Yussef Akly y por el gerente Carlos Cuéllar, los mismos funcionarios que participaron en la compra del combustible adulterado.
“¿Dónde quedó el cuento del seguro? ¿Dónde quedó la supuesta responsabilidad de Trafigura? Todo era una farsa. El Estado boliviano, es decir, el bolsillo de todos los ciudadanos, es el que termina pagando la ineptitud de quienes debían garantizar la calidad del combustible”, enfatizó la legisladora.
Quiroga también cuestionó que el gobierno cobre precio internacional por un producto que destruye los motores, tras haber eliminado la subvención a los hidrocarburos. “Nos eliminaron la subvención, pero nos entregan ‘gasolina basura’”, sentenció.
*Exigencias de la oposición*
La Segunda Vicepresidenta del Senado exigió:
1. Que Yussef Akly y Carlos Cuéllar sean llamados a declarar ante la Asamblea Legislativa y expliquen su participación en la compra del combustible contaminado y en la aprobación de los 20 millones de dólares para resarcimientos.
2. Que se publique sin tachaduras el acta de directorio que autorizó dicho desembolso.
3. Que se garantice un proceso de resarcimiento ágil, transparente y sin trabas burocráticas para todos los afectados.
“La crisis no termina con un cambio de nombre en la presidencia de YPFB. Termina con justicia para los afectados y con responsables que paguen por los daños causados. La salida de Akly es la prueba definitiva: ellos sabían que estaban mintiendo”, concluyó Quiroga.
