Mientras el senador Branko Marinkovic defiende la norma como motor económico, el CEJIS advierte posibles efectos sobre la propiedad agraria y derechos constitucionales.
La Ley 157 ha generado una fuerte división de criterios en Bolivia al proponer que pequeños productores puedan usar sus tierras como garantía crediticia, una medida que promete dinamizar el agro, pero que también despierta alertas sobre concentración de tierras y vulnerabilidad jurídica.
El principal impulsor de la norma, el senador Branko Marinkovic, sostiene que la ley corrige una limitación estructural del sector rural: la falta de acceso al crédito formal. Según su planteamiento, los propietarios de hasta 500 hectáreas podrán reconvertir voluntariamente su predio a mediana propiedad, habilitándolo como garantía ante el sistema financiero.
Desde esta perspectiva, la medida permitiría a los productores invertir en maquinaria, tecnología y diversificación productiva, rompiendo el ciclo de subsistencia y reduciendo la dependencia de préstamos informales con tasas elevadas. Además, Marinkovic afirma que el sistema financiero ofrece mecanismos de protección como la refinanciación, lo que disminuiría el riesgo de pérdida de tierras.
El legislador también destaca el impacto macroeconómico potencial, al incorporar millones de hectáreas al circuito financiero formal, lo que a su juicio podría incrementar la productividad y reactivar la economía nacional.
Sin embargo, desde el ámbito jurídico, las observaciones son contundentes. El director del CEJIS, Rubén Vargas, advierte que la norma podría vulnerar principios constitucionales, especialmente la protección de la pequeña propiedad agraria.
Uno de los principales riesgos señalados es la posibilidad de embargo de tierras en caso de incumplimiento de créditos, lo que afectaría directamente el patrimonio familiar, actualmente protegido por su carácter inembargable. A esto se suma la ampliación de hasta diez años para verificar la Función Económica Social (FES), lo que según Vargas debilitaría el control estatal sobre el uso adecuado de la tierra.
El experto también cuestiona el carácter “voluntario” de la ley, al considerar que muchos productores podrían verse presionados por necesidades económicas a ingresar al sistema financiero en condiciones desiguales frente a grandes actores del agro.
Asimismo, advierte que la norma podría incentivar la mercantilización de la tierra, facilitando procesos de concentración, especulación y acaparamiento, con efectos directos en la estructura agraria del país.
Otro punto crítico es la falta de consulta previa a comunidades indígenas y campesinas, un aspecto que, según el CEJIS, debió ser central en una reforma de esta magnitud.
El debate sobre la Ley 157 expone así una tensión de fondo entre el impulso al desarrollo económico mediante el acceso al crédito y la protección de derechos agrarios en un contexto de profundas desigualdades estructurales.
