A casi 15 días de haberse realizado el Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, ninguna de las leyes consensuadas para garantizar las elecciones generales del próximo 17 de agosto fue agendada para su tratamiento; desde el Órgano Electoral dieron un plazo fatal hasta fin de mes.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, dijo que las leyes fundamentales para blindar las elecciones nacionales que deben estar aprobadas y promulgadas hasta finales de marzo. Se trata de la ley de preclusión electoral, de la incorporación de los vocales a la Ley 044 y la incorporación de un sistema de conteo rápido de votos. (Vea la infografía)

Mencionó que el respeto a la preclusión evitará que ninguna autoridad administrativa, judicial, jurisdiccional o constitucional pueda suspender, postergar o anular las elecciones de 2025.

La incorporación de los vocales del TSE a la Ley 044 tiene el objetivo de garantizar la independencia del Órgano Electoral, porque tendrán el mismo tratamiento que otras autoridades que se benefician de juicios de responsabilidades y no por la vía penal.

Y la tercera la ley de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) es fundamental, para que se pueda dar los resultados de las elecciones ese mismo día, dijo Tahuichi Quispe.

Sobre los riesgos que se corre en caso de no ser aprobadas estas leyes, Tahuichi advirtió que esa situación sería preocupante. “Se corre el riesgo de que las elecciones sean postergadas y las autoridades se prorroguen, o que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) disponga la habilitación de candidatos por fuera de la norma electoral, o por fuera de las decisiones del Órgano Electoral y, por supuesto, no habría TREP”, puntualizó.  

Para el constitucionalista, William Herrera.  Tal es el nivel de fragilidad en la que se encuentra el TSE, de crisis institucional, que han planteado un paquete de leyes “que lamentablemente la ALP no lo ha tratado, en cambio han tratado otras leyes, como la ley de las comadres y se han olvidado hasta este momento de abordar estos temas”, dijo.

Herrera, advirtió que si no se aprueban estas leyes, podría ponerse en riesgo las elecciones. La mayor amenaza que corren las elecciones generales, es la continuación de los  autoprorrogados en el TCP porque cualquiera podría, eventualmente, no estar de acuerdo con un resultado y plantear un recurso, como se hicieron con las judiciales y replicar todo el torpedeo que hubo en las elecciones judiciales.

Otra ley es el principio de preclusión. Esta ley debe garantizar todo lo que se haya hecho, se tiene por hecho, valga la redundancia, y no puede ser revisado.

Todas estas leyes buscan corregir todos los entuertos que se dieron en las judiciales. Considero que mientras estén los autoprorrogados, los riesgos que corren las elecciones generales son mayores”, señaló.

Por su parte, el analista político Paúl Coca, afirma que al menos son 6 leyes que se tienen que aprobar: Ley de cese de los autoprorrogados, la ley de convocatoria a elecciones, la ley de debate obligatorio, ley del principio de preclusión, incorporación de juicio de responsabilidades, Ley 044 y seis, modificación al Presupuesto General del Estado para la asignación de recursos económicos.

“Si no se aprobara la distribución económica para las elecciones, no hay elecciones, si no se aprueba la ley de convocatoria a elecciones, no hay elecciones.

Si no hay elecciones, por el motivo que sea, cuidado que el TCP, prorrogue el mandato del actual Órgano Ejecutivo y del Legislativo, ese es un escenario que se puede dar, si es que no hacen nada para que se lleven a cabo las elecciones”, aseveró.

Coca observó que el Órgano Ejecutivo, a la cabeza del presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca, no han firmado el acuerdo. Eso significa, añade, que no les interesa que haya elecciones “porque al final el TCP los puede prorrogar a ellos y ahí habrá una escala de crisis social superior a la que tenemos ahora”, concluyó.        

Entre tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, garantizó la aprobación de las leyes, como se lo hizo en su momento con la ley de distribución de escaños parlamentarios en función al censo de 2024.

De hecho, informó que la anterior semana solicitó por escrito a la Comisión de Constitución que realice el tratamiento de los proyectos de ley para que luego sean considerados en el pleno de la Cámara de Diputados.

“Nosotros hemos participado y hemos firmado el acuerdo del pasado 17 de febrero, donde hay un compromiso para que todas las fuerzas políticas lleven adelante los proyectos de ley que está pidiendo el Tribunal Supremo Electoral”, indicó en conferencia de prensa.

Comisión

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, Olivia Guachalla, detalló que serán tratadas todas las normas comprometidas en el Encuentro liderado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con excepción de la aprobación del crédito de $us 100 millones de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), debido a que la misma fue rechazada en el Senado y debe debatirse en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

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