Recordó que existe una recomendación de la CIDH para eliminar los delitos de ‘terrorismo’ y ‘financiamiento al terrorismo’.

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, puede anular el cargo de terrorismo en el caso ‘Golpe I’ y descalabrar el proceso; en el caso de los dirigentes evistas, Humberto Claros y Ramiro Cucho, sus procesos son inconstitucionales alertó el exministro de Justicia, Iván Lima.

“Luis Fernando Camacho, ha presentado una acción de inconstitucionalidad concreta en contra del delito de terrorismo. El Expediente 69010-2024-139-AIC se encuentra ante la Comisión de Admisión, porque, la acción fue rechazada por el Tribunal que lleva el juicio y corresponde que la misma se tramite ante el TCP.  De tener éxito esa acción, y declararse inconstitucional el delito de terrorismo, el Ministerio Público tendría que ajustar la imputación formal si decide seguir con los casos”, señala el texto del mensaje del exministro.

El 17 de octubre de 2024 el juicio por el denominado caso ‘Golpe I’ se inició en La Paz y la principal acusación de la Fiscalía, el ministerio de Gobierno y la acusación particular de Lidia Patty son los delitos de ‘terrorismo’ y ‘financiamiento al terrorismo’.

“El GIEI de la CIDH (en concreto el punto 11 de sus recomendaciones de 2021, que fue aceptada por el presidente Arce), recomiendan modificar el delito de terrorismo y financiamiento al terrorismo adecuando su texto a los Convenios Internacionales”, recordó Lima en sus mensajes. Y también dijo que Arce ya envió a la Asamblea el proyecto de ley que elimina estos artículos del Código Penal.

Pero no solo el caso del gobernador cruceño. El exministro cuestionó también el proceso que se lleva adelante contra los dirigentes evistas Humberto Claros, Ramiro Cucho y un centenar de campesinos que fueron aprehendidos en Parotani y Mairana en noviembre de 2024. La acusación en este caso también es ‘terrorismo’.

“Es manifiestamente inconstitucional porque para acusarlos se utiliza un delito cuestionado en su Convencionalidad y porque al hacerlo se criminaliza la protesta social y la libertad de expresión. La revisión de la imputación y las actuaciones realizadas me permiten afirmar que es un caso que debe ser analizado a la luz de la Convención y la Constitución, porque las acciones imputadas se basan en tipificaciones cuestionadas por el GIEI de la CIDH. Esta en juego la fe del estado”, alertó en sus mensajes publicados este jueves.

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