Ante el rechazo de la población, los controles y la advertencia de sanciones, los transportistas decidieron no aumentar el precio del pasaje en micro, manteniéndolo en Bs 2.

Este martes, tras una reunión ampliada del sector, el dirigente Segundo Ricalde comunicó que se mantendrá la tarifa actual, aunque insistirán en un ajuste mediante los canales correspondientes. Así, queda sin efecto el plazo que habían establecido para implementar una nueva tarifa a partir de este miércoles, en caso de no recibir una respuesta del Concejo Municipal.

“No hay novedad, se va a seguir cobrando Bs 2, que la población esté tranquila”, afirmó Ricalde, quien también señaló que esperan ser convocados por el Concejo para continuar el análisis en mesas de trabajo.

Este martes se dio a conocer que las mesas técnicas, que evaluaron la situación del transporte público, no encontraron argumentos para justificar un aumento en el pasaje. En su lugar, recomendaron reordenar el sistema de transporte para optimizar costos.

El Ejecutivo informó que este martes remitió al Concejo Municipal las conclusiones de las mesas de trabajo, sugiriendo que antes de considerar un ajuste en la tarifa, se complete el registro de líneas y conductores.

“No se halló justificación para incrementar el costo del pasaje; más bien, emitimos recomendaciones para que optimicen sus procesos y costos mediante un reordenamiento del transporte público, lo cual debe ser abordado por el Gobierno Municipal”, señaló Rolando Mancilla, presidente de la Sociedad de Ingenieros, institución que participó en las mesas de trabajo.

El lunes, la Federación de Transportistas 16 de Noviembre entregó una carta al Concejo, otorgando un plazo de 48 horas para incrementar el pasaje.

Al respecto, la presidenta del Concejo, Silvana Mucarzel, reiteró que la tarifa se mantiene en Bs 2 y aclaró que hasta el momento no ha recibido ningún informe del Ejecutivo sobre las conclusiones de las mesas técnicas. En una carta firmada junto con el concejal secretario, Miguel Fernández, Mucarzel recordó que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de elaborar un estudio técnico sobre los costos de la tarifa de transporte público en Santa Cruz de la Sierra, en cumplimiento con la Ley 1216 y su reglamentación. Dicho estudio debe seguir metodologías especializadas, incluir pruebas en terreno y considerar las observaciones de usuarios, juntas vecinales y entes de control social.