La Fiscalía de Venezuela ha ofrecido una recompensa de USD 100.000 por cualquier información sobre el paradero de Edmundo González Urrutia, un opositor del régimen de Nicolás Maduro que se exilió en España en septiembre de 2024. Este movimiento ocurre en un contexto de creciente tensión política, a pocos días de la investidura presidencial del 10 de enero, fecha en la que González Urrutia había anunciado su regreso a Caracas con el objetivo de asumir la presidencia de Venezuela, un cargo que busca ocupar tras sus denuncias contra el gobierno de Maduro.

Las autoridades chavistas acusan a González Urrutia de una serie de delitos graves, entre ellos conspiración, complicidad en actos violentos contra la República, usurpación de funciones, forjamiento de documentos, legitimación de capitales, y otros relacionados con la desobediencia a las leyes y la desestabilización política. La recompensa por su paradero se ha convertido en un punto de fricción, dado que el opositor se encuentra actualmente bajo asilo en España, lo que implica que su retorno a Venezuela podría tener implicaciones legales graves. El régimen ha lanzado un folleto con la información y la recompensa, que será difundido en aeropuertos y puestos policiales a lo largo del país, buscando presionar para encontrarlo.

La situación de González Urrutia ha generado debate, sobre todo por su decisión de abandonar el país en medio de una persecución política intensificada por el gobierno venezolano. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, señaló en entrevistas recientes que, al haber recibido asilo en España, el opositor debería permanecer en ese país, ya que salir de allí violaría su estatus de asilado. Saab también expresó que la investigación penal contra González Urrutia por diversos delitos sigue activa en Venezuela y que su regreso podría implicar serias consecuencias legales.

El contexto detrás de la recompensa refleja las profundas divisiones en Venezuela y la presión sobre los opositores al gobierno de Maduro. Además, resalta el clima de represión en el país, donde la organización de derechos humanos Foro Penal ha documentado que todavía hay 1.794 presos políticos en cárceles venezolanas, una cifra que ha aumentado a raíz de las protestas postelectorales de 2024. La situación de González Urrutia es solo un reflejo de la crítica situación que enfrentan muchos de los opositores del régimen, quienes deben elegir entre el exilio o enfrentar posibles persecuciones legales y arrestos.