El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se presentó ante un tribunal federal en Alexandria, en Virginia, donde enfrenta cargos por conspiración de lavado de dinero y podría recibir hasta 20 años de prisión.

La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia confirmó que Marset compareció por primera vez ante la justicia estadounidense y decidió declarar, sin acogerse a su derecho a guardar silencio.

Según los documentos judiciales, el acusado, de 34 años, es señalado como líder de una organización internacional de narcotráfico que habría distribuido miles de kilogramos de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, con cargamentos que alcanzarían hasta 10 toneladas.

Las autoridades indicaron que, en caso de ser declarado culpable, Marset enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, cuya sentencia será determinada por un juez federal conforme a las normativas vigentes en Estados Unidos.

La investigación fue liderada por la Administración para el Control de Drogas (DEA), con apoyo de múltiples agencias internacionales, incluyendo instancias del Departamento de Justicia, el Servicio de Seguridad Diplomática y Europol.

El caso también involucra a Federico Ezequiel Santoro Vassallo, identificado como un colaborador cercano de Marset, quien operaba desde Paraguay como encargado del lavado de dinero a nivel transnacional.

De acuerdo con la fiscalía, Santoro coordinaba la recolección de ganancias ilícitas en Europa y su posterior ingreso al sistema financiero internacional, utilizando transferencias bancarias y bancos corresponsales en Estados Unidos. En 2025, se declaró culpable y fue condenado a 15 años de prisión.

Las investigaciones revelan que, solo en enero de 2021, Marset tenía pendientes de cobro más de 17 millones de euros provenientes de un envío de cocaína, de los cuales al menos 5 millones fueron lavados mediante el sistema bancario estadounidense.

En paralelo, el Gobierno de Bolivia intensificó las acciones para desarticular la red criminal. El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, afirmó que el objetivo es desmantelar la estructura internacional que operaba en países como Brasil, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos y naciones europeas.

Las autoridades bolivianas señalaron que, tras la captura de Marset, se logró afectar la economía de la organización en al menos 15 millones de dólares, marcando el inicio de una fase más compleja en la lucha contra esta red delictiva.