Sociedad civil demanda que el Estado apoye las mismas y se comprometa a su cumplimiento

El Estado boliviano pasó por cuarta vez por la revisión del Examen Periódico Universal (EPU) este 21 de enero. A través de este mecanismo los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evaluaron el cumplimiento de las recomendaciones que se extendieron a Bolivia en al anterior Ciclo del EPU en 2019, a través de un diálogo interactivo en el que emitieron algo más de 270 recomendaciones. La misión de Bolivia estuvo presidida por el Ministro de Justicia César Siles.


Las organizaciones de la sociedad civil contribuimos a este proceso presentando informes sobre la situación de los derechos humanos y el cumplimiento de las recomendaciones del anterior ciclo. Meses antes sostuvimos reuniones con delegados y delegadas de las Embajadas y Consulados en Bolivia, además de 22 Misiones Permanentes de los Estados ante la ONU en
Ginebra.

Un total de 98 Estados miembros de la ONU participaron en la sesión del examen de Bolivia.
Destacaron la designación del Defensor del Pueblo como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, las medidas para reducir la pobreza, la política de descolonización y despatriarcalización, las mejoras en el acceso al agua y servicios básicos, y las políticas de vivienda social, entre otros temas.


También observaron grandes desafíos y recomendaciones anteriores aun no cumplidas, como
la eliminación de la excepción a la edad mínima para el matrimonio, la adopción de una ley sobre derechos sexuales y reproductivos, la prevención de los embarazos precoces y acabar con los abortos no seguros.


Así también, los Estados plantearon la necesidad mejorar el acceso a la justicia, combatir la
corrupción en el sistema judicial, garantizar la independencia de jueces y mejorar el presupuesto para el sector de la justicia, reducir la detención preventiva, y prevenir y sancionar la tortura.

Con relación al trabajo, pidieron fortalecer las políticas de acceso a trabajo digno, reducir el
sector informal, también mejorar el acceso y la calidad en la educación, el acceso a la salud en
particular a la salud sexual y reproductiva, incluyendo la educación en sexualidad, la protección
del medio ambiente así como el cumplimiento del Acuerdo de Escazú y el Convenio de
Minamata, además de garantizar la protección a las personas defensoras de derechos humanos,
incluidos periodistas, modificar la Ley Nro. 351 para impedir restricciones desproporcionadas
en la capacidad de operar libre e independientemente a las organizaciones de sociedad civil y
fortalecer los marcos legales e institucionales para prevenir y combatir los discursos de odio
desinformación y violencia política con enfoque en los medios digitales.


En relación a poblaciones en situación de vulnerabilidad, se recomendó a Bolivia seguir con la
política nacional de promoción y protección de derechos humanos derechos de las mujeres;
sobre todo, con relación a la participación política, violencia de género y discriminación;
proteger los derechos de niñas y niños, en especial, frente a la violencia sexual y mejorar la
inclusividad en el sistema educativo de las niñas y niños con discapacidad. Redoblar esfuerzos
para proteger los derechos de la población LGBTIQ+, en especial frente a la violencia y discriminación, incluyendo campañas de toma de conciencia pública, el acceso al matrimonio
civil, y el registro de todos los niños al nacer, independientemente, de la identidad de género de
sus padres/madres; garantizar los derechos de los pueblos indígenas, en especial a la tierra y
territorio, el derecho a la consulta y que se formulen y apliquen políticas públicas en favor de la
población afro boliviana.


Para la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil, el EPU de Bolivia, ha cumplido con los
resultados esperados pues los temas priorizados en los Informes Alternativos presentados
fueron incluidos en el diálogo interactivo.


Pedimos al Estado que brinde su apoyo (aceptación) a todas las recomendaciones del EPU y se
logre un compromiso genuino de cumplimiento, operativizado mediante un Plan Nacional de
Derechos Humanos, que sea construido entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil,
además de otros sectores vinculados a los derechos humanos, se mantenga actualizado el
SIPLUS para el monitoreo al cumplimiento, y se difundan ampliamente las recomendaciones,
para lo que esperamos que la Comisión para la Presentación de Informes de Estado sobre
Derechos Humanos abra los canales de diálogo adecuados e impulse el proceso de
implementación que permita cumplir con los desafíos planteados.