Por: Edwin Cacho Herrera

En una semana, Bolivia ha recibido un doble impacto en la guerra hemisférica contra el narcoterrorismo: captura y expulsión del capo uruguayo Sebastián Marset a Estados Unidos y condena a 25 años de prisión, también en ese país, para Maximiliano Dávila, último jefe antidrogas de drogas de Evo Morales (2006-2019). Venezuela no termina de entender el golpe con la captura y enjuiciamiento del exdictador Nicolás Maduro en Nueva York y México toma recaudos nunca antes vistos en su seguridad interna luego del abatimiento del El Mencho, Nemesio Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Parece que en Estados Unidos la DEA y la justicia han encontrado las dos puntas del ovillo y buscan desenmarañar el centro. Por un lado, una organización narco que convirtió a Bolivia en su centro de operaciones para el tráfico de cocaína a nivel global con absoluta impunidad otorgada por la estatalidad. Por otro lado, una banda de policías que decidió jugar en grande y se metió al negocio ilícito a partir de la protección que brindaban a cargamentos de drogas y armas que eran enviados a territorio estadounidense, también con encubrimiento político-institucional.

En ambas puntas de la madeja hay una coincidencia: la entrega de valiosa información incriminatoria. Paola Barriga, conocida jurista en el foro paceño y abogada en su momento de El Macho, como se conocía a Dávila en la Policía, explicó el cambio de la cerrada postura del excoronel de no involucrar por ningún motivo a los jerarcas del régimen encabezado por Morales, mientras estuvo detenido en la cárcel de San Pedro de La Paz, entre enero de 2022 y diciembre de 2024, y lo que finalmente hizo en el juicio en Estados Unidos.

Según la jurista, el exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico colaboró con la justicia de ese país, lo que se tradujo en una sentencia de 25 años, 20 a ser cumplidos en una cárcel federal y 5 bajo libertad condicionada. ¿Qué nombres y cargos dio? ¿Qué sistemas reveló? ¿Qué rutas marcó? Seguramente sus “contribuciones” han podido ser contrastadas con las del exmayor de Policía Omar Rojas Echeverría, a quien se le conoce como el “Pablo Escobar boliviano”, socio de El Macho en una red de narcotraficantes que operaba entre Perú, Colombia y Bolivia. Rojas fue extraditado de Colombia a Estados Unidos en 2022.

Sigamos con la coincidencia. Los tres abogados contratados por Marset para que lo defiendan en Estados Unidos —Rodrigo da Silva, Michael Padula y Jean Rossy—, liderados por Santiago Moratorio, su abogado de cabecera desde hace años, han expresado públicamente que la estrategia jurídica tiene como base la “negociación” que pueda ser entablada con los fiscales encargados del caso, ya que el principal delito señalado por el momento a quien era el tercer narco más buscado es lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas en el sistema financiero de Estados Unidos.

La confesión que realizó su socio en esa parte del negocio ilegal, Federico Santoro, extraditado de Paraguay a Estados Unidos en 2024, le valió una pena de 15 años de prisión. A diferencia de Santoro que tiene 46 años y de Dávila con 62 años, Marset tiene la ventaja de haber llegado joven a la cúspide del narcotráfico: tiene 32. Escuché y leí que los fiscales pueden imputar delitos más graves que apunten a los 30 años de prisión o cadena perpetua, pero la delación puede aminorar cualquier castigo radical. La tercera audiencia judicial para Marset, en la que deben ser leídos los cargos, ha sido postergada hasta el 1 de abril.

El presidente boliviano Rodrigo Paz y autoridades encargadas de la lucha contra el crimen organizado en Bolivia dijeron, casi en coro, que el narco uruguayo, atrapado la madrugada del viernes 13 de marzo, en el barrio Las Palmas de la capital cruceña, la misma zona de la que huyó el 29 de julio de 2023, alertado nada menos que por un director antidrogas, “está declarando” ante la justicia de Virginia y se animaron a anticipar “sorpresas”.

Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, detalló que algunos de los teléfonos celulares secuestrados al pez gordo ya se encuentran en manos del sistema judicial estadounidense y serán fuente de indicios que apunten a quienes forman parte de su organización criminal dentro y fuera del país, y a quienes le dieron protección e impunidad desde el gobierno, la Policía, el Ministerio Público y la justicia boliviana.

Como verás, Maximiliano Dávila ya delató, ya cantó y Sebastián Marset se alista para hacerlo, para delatar buscando aminorar el castigo. Finalmente es el mecanismo que utiliza la justicia gringa para desarticular redes delincuenciales que han operado y operan desde nuestros países; si no habría que preguntar a los hijos menores de Joaquín El Chapo Guzmán, a Ismael El Mayo Zambada y otros capos mexicanos ahora mismo en manos de Estados Unidos. ¿Podría la delación favorecer a otro personaje como Nicolás Maduro? Lo verificaremos durante el juicio en Nueva York.

Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.