La licitación era por Bs 696.000 y, según el ministerio, quedó sin efecto; sin embargo, esta mañana seguía vigente en el Sicoes.
Luego de que se conociera una licitación para contratar el servicio de monitoreo de redes sociales y plataformas digitales, el Ministerio de la Presidencia aseguró que la finalidad del proceso, que según esa cartera ya no se encuentra vigente, era realizar seguimiento comunicacional y no ejercer control.
“No se trata de «controlar redes sociales», sino de evaluar si la comunicación pública cumple su función: informar con claridad, transparencia y oportunidad a la ciudadanía. Optimizar la comunicación institucional es, en definitiva, optimizar el uso de los recursos públicos”, señala un comunicado difundido por esa cartera de Estado la noche del lunes.
La licitación tenía un precio referencial de 696.000 bolivianos y, según el ministerio, quedó sin efecto. Sin embargo, hasta la mañana de este martes el proceso permanecía abierto en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), con el CUCE 26-0025-00-1632531-1-1.
La decisión se asumió, según la cartera estatal, debido a que el Decreto Supremo 5550 establece que la Dirección de Comunicación Estratégica, que dependía del ministerio, pase a tuición de la Presidencia del Estado y se fusione con la oficina de la vocería presidencial.
“En virtud de la nueva estructura organizativa del Poder Ejecutivo, el área de Comunicación Social ya no depende estructuralmente de este Ministerio. En consecuencia, el proceso de contratación mencionado ya no se encuentra vigente”, señala el comunicado.
Añade que la determinación respondió a “responsabilidad administrativa y coherencia presupuestaria”, ya que no corresponde destinar recursos del ministerio a servicios cuya gestión compete a otras instancias conforme a la actual organización estatal.
Justificación del monitoreo
En el documento, el ministerio destacó la importancia de monitorear el impacto de las políticas públicas en redes sociales y plataformas digitales y afirmó que el uso de herramientas tecnológicas para medir alcance, eficiencia y recepción de la información gubernamental constituye una práctica habitual en gobiernos democráticos.
El gobierno sostiene que tiene el mandato de conectar con los problemas y aspiraciones de la ciudadanía y que la toma de decisiones requiere información confiable, análisis riguroso y herramientas profesionales que permitan comprender de manera objetiva la realidad social.
“Renunciar a estos instrumentos implicaría debilitar la capacidad del Estado para responder con eficacia. Por el contrario, reafirmamos nuestro compromiso con una gestión moderna, basada en evidencia, orientada a resultados y centrada en las necesidades de la población”, agrega.
El documento base de contratación publicado en el Sicoes establece, entre otros requisitos, que la empresa adjudicataria “guardará absoluta confidencialidad sobre la información relacionada con el SERVICIO, y ésta no será comercializada, divulgada, utilizada o compartida, sin la autorización expresa de la Unidad de Comunicación Social e Información Gubernamental del Ministerio de la Presidencia”.
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