La autoridad asegura que el Gobierno hará todo lo posible para cumplir el mandato judicial, aunque advierte riesgos de confrontación y señala que el exmandatario deberá presentarse ante la justicia

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que su gestión quedaría marcada negativamente si no logra ejecutar la orden de aprehensión vigente contra el expresidente Evo Morales, investigado por el delito de trata y tráfico de personas con agravante.

“Sí, para qué voy a decir que no, marcará un fracaso”, sostuvo la autoridad durante una entrevista televisiva, al referirse al mandamiento judicial pendiente contra el exmandatario.

Consultado sobre si se evitará ese escenario, Oviedo aseguró que el Gobierno hará todos los esfuerzos necesarios para cumplir la orden. “Vamos a hacer todo lo posible”, afirmó, aunque reconoció que el procedimiento implica riesgos debido al contexto social y político.

El ministro advirtió que la intervención no es sencilla y que podría derivar en enfrentamientos. “No es fácil porque puede generar un enfrentamiento y finalmente sean los inocentes los que paguen cobardías ajenas”, señaló.

En esa línea, reiteró que el proceso judicial debe seguir su curso conforme a la ley y que el exmandatario deberá responder ante la justicia. “Ya llegará, ya lo haremos. Todo a su tiempo, a su momento este señor tendrá que presentarse a la justicia”, enfatizó.

Morales enfrenta una orden de aprehensión dentro de una investigación por presuntamente haber mantenido una relación con una menor de edad, que habría derivado en un embarazo años atrás. La Fiscalía concluyó la etapa investigativa y se prevé que en los próximos días se defina la fecha del juicio oral. Además, existe la posibilidad de que el exjefe de Estado sea declarado en rebeldía si no comparece.

Oviedo también cuestionó que Morales permanezca en el Trópico de Cochabamba, resguardado por sectores afines, lo que —según afirmó— dificulta el cumplimiento del mandamiento judicial.

Por su parte, Morales rechazó las acusaciones y aseguró que es víctima de persecución política. A través de sus redes sociales, responsabilizó al gobierno del presidente Luis Arce y vinculó el origen del proceso a decisiones asumidas durante la gestión de Jeanine Áñez.

El exmandatario también cuestionó la legalidad de la orden de aprehensión, negó la existencia del delito y denunció presuntas irregularidades en el proceso judicial. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que el mandato judicial debe cumplirse y que ninguna persona está por encima de la ley.