Por: Andrés Gómez Vela

Dos sicarios mataron este miércoles con siete balazos al capitán Juan Carlos Aldunate cuando salía de su casa en su vehículo, en la ciudad de Santa Cruz. No era cualquier policía,  formaba parte del círculo cercano del viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, según informaron ese mismo día medios de comunicación.

Aguilera no es cualquier funcionario, es hombre de confianza del masismo. Ocupó cargos relevantes en los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. Fue involucrado en la matanza del Hotel Las Américas. Cuando fue comandante general de la Policía integró a Aldunate en su cuerpo de seguridad, señaló el periódico El Día.

Enterada de la forma en que se cometió el asesinato, la opinión pública dedujo de inmediato que fue obra del narcotráfico. Posibles causas: ajuste de cuentas o un mensaje a autoridades del gobierno. El crimen es muy parecido a los que ordenaba el narcotraficante Pablo Escobar en Colombia entre las décadas del 80 y parte del 90.

Este hecho se suma a otros que implica a policías en narcotráfico. El último, Maximiliano Dávila, extraditado a Estados Unidos en diciembre pasado.

Las evidencias muestran que el narcotráfico penetró el Estado. Una coincidencia circula en las redes sociales: el Estado Plurinacional es un narcoestado. Por si hay dudas, otra prueba: el “narco” controla territorios del país.

En mayo de 2023, El Deber informó sobre “un narcoparaíso”. Se llama “Paractito”, una comunidad ubicada en el municipio de Villa Tunari, trópico de Cochabamba. A ese lugar entran muy pocos. Policías y militares están prohibidos. Si se animan, los reciben a balazos. Es una zona dominada por el narcotráfico. En la inmensa vegetación resalta el lujo. Ahí viven los “peces gordos” del Chapare, rodeados por extranjeros y extravagancias similares a las zonas rojas de Colombia.

“Traen grupos de cumbia desde México. Recién estaban por ahí Los Bybys. Tocaron en una fiesta privada de un narco. La población sabe bien a qué se dedican estas personas. Están bien protegidos. Esa noche –1 de marzo de este año– ingresamos por un costado de esa casa y había personas con armas de fuego. Nos botaron”, relató uno de los oficiales antidroga a El Deber, en diciembre del año pasado.

El mismo periódico, en noviembre de 2024, hizo un reportaje con el siguiente título: “El Chapare, sin control y crecen las rutas rojas”. Un año antes, en julio de 2023, informó sobre otra zona controlada por el narcotráfico.

“México Chico es parte de una de las rutas más peligrosas de Bolivia. Esta comunidad está a tres horas de la ciudad de Oruro. Pertenece al municipio de Challapata y es parte del pueblo Qaqachaca. En el lugar no existe la presencia del Estado y la actividad ilegal es lo más usual. El contrabando de autos chutos es normal. También, el paso de drogas. Los clanes familiares tienen contactos con similares de Chile, con quienes gestionan el ingreso de autos robados y la venta de cocaína en el norte chileno”.

Las evidencias demuestran que los cárteles de droga controlan regiones enteras del Estado Plurinacional. Lo más preocupante, tienen presencia en las zona donde el 94% de la producción de coca es desviada al narcotráfico. El gobierno de Luis Arce no hizo nada para recuperar esa zonas del “narcopoder”. ¿Por qué?

¿Qué más controla el “narco” en Bolivia? ¿Jueces? ¿Fiscales? ¿Magistrados? ¿Financia partidos? Por lo visto, la nacionalización de la lucha antidroga, decretada en 2009, es otro fracaso del “proceso de cambio”.

La situación de Bolivia es muy crítica. El narcotráfico crece porque el Estado es débil, la corrupción es alta y las oportunidades económicas son escasas en algunas zonas productoras. ¿Qué hacer? Obvio: recuperar el control del Estado. Para lograr este objetivo, urge un cambio de gobierno.

No bastará recuperar el control territorial efectivo. Hay que depurar las fuerzas antidroga. Sus efectivos, además de ser bien entrenados y equipados, deben ser estrictamente vigilados para evitar la corrupción. Será clave el uso de tecnología, informantes y coordinación con otros estados porque el “narco” los ha convertido ya sea en países productores, de tránsito, de distribución o consumo.

Otro paso será el cumplimiento de las leyes vigentes para que la coca llegue a los mercados legales y no sea desviada. ¿Cómo? Usando tecnología. Es posible controlar en vivo y directo el movimiento de los comercializadores que pretendan quebrar la ley. La medida puede favorecer a las personas que actúan en el marco legal.

Es importante que el Estado garantice la seguridad de las personas que realizan actividad económica lícita en las zonas rojas. Es más, debe fomentar la inversión en proyectos productivos en áreas donde el narcotráfico es la principal fuente de ingresos.

Según las últimas informaciones, los sicarios que mataron al capitán Aldunate fugaron del aeropuerto El Trompillo en una avioneta con matrícula CP-1860, incautada por un caso de tráfico de drogas y devuelta el año pasado a su propietario por orden de un juez.

¿Por qué los radares no funcionaron para interceptar a esa avioneta? En agosto de 2016, Bolivia adquirió 13 radares a la firma francesa Thales, siete de ellos para uso militar. Uno de los radares debía usarse específicamente para detectar aviones que transportaran drogas o “narcos”. Costaron 215 millones de dólares. ¿Por qué no funcionan? O el “narco” ¿controla todos los espacios de seguridad nacional?

Andrés Gómez es periodista y abogado.

El presente artículo de opinión es de responsabilidad del autor y no representa necesariamente la línea editorial de Encontrados con Gonzalo Rivera