Por: Edwin Cacho Herrera

El nerviosismo es inocultable en el chavismo y el morenismo ante la probabilidad de que fuerzas militares de Estados Unidos incursionen en Venezuela y México para llevarse a gobernantes y exgobernantes acusados de narcoterrorismo, gracias a sus vínculos con el crimen organizado. La preocupación, por supuesto, se extiende a otros personajes latinoamericanos que presidieron o conducen gobiernos relacionados con los carteles catalogados por Donald Trump como organizaciones terroristas.

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Una serie de hechos apuntan en principio al tirano venezolano Nicolás Maduro Moros, sucesor del fallecido Hugo Chávez Frías. Negociaron con él la liberación de rehenes estadounidenses y el intercambio de presos; sin embargo, la administración de Trump lo declaró “líder del cartel de los Soles”, organización criminal conformada por alta cúpula militar venezolana. Develaron conexiones con el cartel de Sinaloa, el más poderoso de México.

Después, la recompensa por la cabeza de Maduro fue elevada a 50 millones de dólares. Se dice que es la más alta en la historia del mundo contemporáneo. Por si fuera poco, The New York Times reveló el viernes 8 de agosto que Trump firmó en secreto una instrucción ejecutiva para que las Fuerzas Armadas de su país ataquen a organizaciones narcoterroristas en territorios extranjeros.

La tensión se apoderó del chavismo, Maduro dejó de aparecer en público por varios días y sus secuaces lanzaron una grave advertencia como respuesta.

Sabemos dónde está María Corina Machado, amenazó Diosdado Cabello, ministro del Interior y número dos del régimen chavista. Fue la muestra de la peligrosidad de quienes se saben acorralados. Aún no se conoce la letra chica de la instrucción firmada por Trump, pero Maduro y su entorno están extremando previsiones para evitar traiciones internas, dado el monto millonario de la recompensa, u otro tipo de sorpresas.

Maduro duerme en lugares distintos cada noche, es protegido por varios anillos de seguridad y hay quienes se encargan de probar los alimentos antes de que el dictador caribeño los consuma.

En manos de la justicia de Estados Unidos, colaborando para evitar cadenas perpetuas, se encuentran el venezolano exdirector de inteligencia Hugo “El Pollo” Carvajal; los narcos mexicanos Ismael “El Mayo” Zambada; Joaquín y Ovidio Guzmán López, hijos menores de El Chapo Guzmán; y Rafael Caro Quintero; además del ecuatoriano Adolfo Macías, alias Fito.

¿Qué tipo de información incriminatoria estarán proporcionando? Saldrá a la luz cuando se produzcan las capturas en operativos militares sofisticados y los acusados sean puestos ante jueces federales de Estados Unidos.

Un elemento relevante, conocido recientemente, es el seguimiento de inteligencia que se hizo sobre Nicolasito, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del tirano de Miraflores, y sus recurrentes viajes a México para reunirse aparentemente con capos de las organizaciones narco por encargo del régimen chavista y/o del cartel de los Soles.

Los datos, mensajes, grabaciones, fotografías, videos y otros indicios que sean proporcionados por los ahora colaboradores de la justicia también tienen sin dormir a prominentes figuras de Morena, comenzando por el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien habría recibido financiamiento del cartel de Sinaloa desde 2006 para sus campañas presidenciales sobre la base de la “amistad” con El Mayo Zambada y la relación de los Chapitos con los hijos del exmandatario.

Entre otros personajes bajo sospecha de haber colaborado y encubierto al narcotráfico, aunque también trafican carburantes, minerales, armas, seres humanos, órganos y drogas sintéticas, están Rubén Rocha Moya, gobernador del Estado de Sinaloa desde 2021; Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación en la gestión de AMLO y actual senador de Morena; y la mismísima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sucesora de López Obrador desde el 1 de octubre de 2024.

A diferencia del sesgo criminal del régimen chavista comandado por Maduro, el primer sexenio de Morena al mando de AMLO fue vendido como una gestión honesta, progresista y apegada a la ley. Sheinbaum ha descartado una posible intervención militar estadounidense confiada en una nueva entrega de narcos desde su país, tal como ocurrió en febrero, cuando se enviaron a 29 acusados, encabezados por Caro Quintero, líder histórico del cartel de Guadalajara.

Sin descartar que Trump esté buscando desviar la atención sobre los reveladores datos que se han ido conociendo sobre su relación con Jeffrey Epstein y los abusos sexuales cometidos contra adolescentes en décadas pasadas, es la primera vez que un gobierno estadounidense autoriza la invasión militar en territorios extranjeros con el pretexto de la lucha contra el narcoterrorismo, como ocurrió en los 60 y 70, en la denominada guerra contra el comunismo.

Anoté que la preocupación se extiende a gobernantes y exgobernantes de la región por lo que pueda realizar Estados Unidos. Uno de ellos es Evo Morales Ayma por las sospechas de vínculos con el narcoterrorismo. Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, los hijos mayores de El Chapo, estuvieron en Bolivia en 2011, durante su autocracia, para estudiar pilotaje y tener acceso a la Asamblea Legislativa.

¿Aparecerá su nombre o los de sus allegados en la información que provean quienes se están declarando culpables en tribunales gringos? No hay que olvidar que expolicías bolivianos presos en Estados Unidos y Colombia, me refiero a Maximiliano Dávila y Omar Rojas Echeverría, pueden corroborar los indicios o abrir otras líneas de investigación enfocadas en nuestro país.

Mientras se espera que eso ocurra algún día, la expectativa se posa en Venezuela y México. O Estados Unidos ha comenzado una contundente lucha contra el narcoterrorismo, sobre todo porque cada año mueren en sus calles entre 70 y 100 mil personas debido a la embestida del fentanilo, o es una nueva bravuconada de Trump para desviar la atención de la opinión pública estadounidense.

El narcoterrorismo representa un gran peligro para nuestros países. Fomenta la violencia, desestabiliza gobiernos, socava la seguridad ciudadana y dificulta el desarrollo social y económico. Al estar vinculado con el narcotráfico, alimenta la corrupción y la impunidad, lo que agrava aún más el riesgo de la estabilidad y la paz en la región. Con todo a los narcoterroristas.

Edwin Cacho Herrera Salinas es periodista y analista.