El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que solo dos de los 13 radares del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta) operaban correctamente, mientras que nueve presentaban observaciones y otros dos estaban fuera de servicio, de acuerdo con los resultados de la auditoría al proyecto.
“Deberían habernos entregado 13 radares funcionando correctamente, y no fue ese el caso”, afirmó Justiniano en una entrevista televisiva. La autoridad sostuvo que el sistema entregado no cumplía las condiciones por las que el Estado boliviano había pagado.
El contrato, suscrito por 191 millones de euros, contemplaba no solo la provisión de radares, sino también centros de control, sistemas de comunicación, obras, software, capacitación y transferencia tecnológica. El proyecto estaba destinado a fortalecer la vigilancia del espacio aéreo y contribuir a la detección de actividades ilícitas.
Según los antecedentes expuestos por el ministro, el proyecto comenzó en 2016 con un plazo de ejecución de 31 meses. Sin embargo, la revisión contractual se efectuó después de 82 meses y las pruebas y la entrega se concretaron a los 98 meses. Para entonces, el Estado había desembolsado el 97,85% del monto acordado.
Ante las irregularidades identificadas, el Ministerio de Defensa presentó una querella ante el Ministerio Público contra 19 personas, entre ellas cuatro exministros vinculados a la firma del contrato original y sus modificaciones.
Los exministros mencionados son Reymi Ferreira, quien suscribió el contrato original y sus dos primeras modificaciones; Javier Zavaleta, responsable de las modificaciones tercera y cuarta; Luis Fernando López, quien firmó la quinta; y Edmundo Novillo, vinculado a la sexta y séptima. Las responsabilidades individuales deberán establecerse en el marco de las investigaciones correspondientes.
