El expresidente Evo Morales anunció que no se presentará a un eventual juicio de responsabilidades por el caso Hotel Las Américas, al considerar que el proceso no garantiza el debido proceso ni el respeto al Estado de derecho.
Durante una conferencia de prensa, Morales afirmó que no tiene motivos para acudir a una convocatoria judicial bajo las actuales condiciones y sostuvo que su actuación respondió a la defensa de la unidad territorial del país.
“Si tienen que procesarme por defender el territorio nacional, la unidad del territorio nacional, bienvenido (…) No hay debido proceso, no hay Estado de derecho, sin eso no hay Derechos Humanos”, manifestó. También aseguró que “ante la injusticia me rebelo”.
El exmandatario cuestionó que se priorice el proceso en su contra y señaló que, según su interpretación, las normas no establecen prelación entre los juicios de responsabilidades. En ese sentido, calificó la decisión como una presión política. Sin embargo, evitó precisar si ya recibió una notificación formal sobre el inicio de las investigaciones.
La bancada de Libre presentó una proposición acusatoria contra Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por los presuntos delitos de asesinato, vejaciones y torturas, y privación de libertad, relacionados con el operativo policial ejecutado el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra.
El procedimiento dejó tres extranjeros fallecidos: Eduardo Rózsa-Flores, Árpád Magyarosi y Michael Martin Dwyer. En ese operativo, las autoridades del entonces Gobierno denunciaron la existencia de una organización que supuestamente preparaba acciones terroristas y un plan de separación territorial. Posteriormente, el caso derivó en procesos judiciales contra ciudadanos acusados de terrorismo y separatismo.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizó a la Fiscalía a iniciar la etapa preliminar de investigación. El Ministerio Público dispone de 30 días para establecer si existen elementos suficientes que permitan remitir la proposición acusatoria a la Asamblea Legislativa, instancia que tendría que aprobar la apertura de un juicio de responsabilidades.
Paralelamente, la Fiscalía admitió una denuncia presentada por víctimas y exprocesados del operativo, entre ellos David Sejas Lopes, Alfredo Saucedo Ayala y Juan Carlos Guedes Bruno, quienes denunciaron presuntos hechos de asesinato, vejaciones y torturas, además de detenciones y maltratos durante el proceso que enfrentaron.
La resolución fiscal, firmada por Yobana Quispe Soto, dispone el inicio de una investigación preliminar contra 105 personas. La admisión de la denuncia también generó cuestionamientos porque dejó fuera de la lista de investigados al exfiscal general del Estado Juan Lanchipa y a otros operadores de justicia mencionados en la querella original.
