La audiencia de medidas cautelares de Róger Mariaca, Alberto Zeballos, Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio comenzó minutos después de las 05:00 de este sábado y se desarrolla de manera virtual ante el Juzgado Quinto de Instrucción Cautelar de La Paz.
La Fiscalía solicita seis meses de detención preventiva para los cuatro investigados. En el caso de Mariaca, Zeballos e Irusta, los fiscales Daniel Portales Barja y Edwin Sarmiento Valdivia pidieron su reclusión en el penal de San Pedro, mientras que para Aparicio solicitaron su traslado al recinto penitenciario de Patacamaya.
Los cuatro son investigados por tráfico de sustancias controladas, organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas. Según la hipótesis del Ministerio Público, habrían integrado una estructura que presuntamente brindaba protección institucional al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y que estaría relacionada con actividades de almacenamiento y salida de sustancias controladas del país.
Entre los elementos presentados por la Fiscalía figuran informes policiales, información atribuida a la Unidad de Investigaciones Financieras, antecedentes provenientes de Estados Unidos, material audiovisual, dispositivos electrónicos y dinero secuestrado durante los operativos. También se menciona un video difundido por Marset en el que hace referencia a Mariaca y Aparicio.
Respecto a Irusta, fiscal superior detenido en Sucre, la imputación señala que habría sido encontrado en instalaciones de la Fiscalía General del Estado cuando presuntamente intentaba retirar documentación y expedientes vinculados con la investigación. El Ministerio Público sostiene que esa actuación podría constituir un intento de obstaculizar las pesquisas y menciona además el hallazgo de un cable tipo C que, según su hipótesis, estaría relacionado con la extracción de información.
Los cuatro fueron aprehendidos durante el operativo del 30 de septiembre. Mariaca y Zeballos fueron interceptados en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz; Irusta fue detenido en Sucre y Aparicio, en La Paz. Ahora el juez deberá valorar los argumentos de la Fiscalía y las defensas para definir su situación jurídica.




