El Gobierno del presidente Rodrigo Paz aprobó el Decreto Supremo 5749, que establece un procedimiento para recibir, atender y canalizar denuncias administrativas por presuntos hechos de extorsión, concusión, exacciones y cobros ilegales cometidos por servidores públicos o exfuncionarios del Ministerio Público, el Órgano Judicial, Derechos Reales, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y la Policía Boliviana.
La norma contempla denuncias contra quienes presuntamente hayan exigido o recibido dinero, dádivas, favores u otros beneficios a cambio de admitir, acelerar, paralizar, retrasar o desviar actuaciones judiciales o administrativas, entre otras conductas.
El Viceministerio de Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, será responsable de recibir, registrar, procesar y canalizar las denuncias. Estas podrán presentarse por escrito en su oficina central o en sus enlaces departamentales.
El decreto aclara que este procedimiento administrativo no permitirá revisar las decisiones jurisdiccionales o administrativas de otras entidades, tampoco suspenderá plazos ni interferirá en el ejercicio de sus funciones.
Reserva de identidad para los denunciantes
El artículo 5 establece que la identidad de las personas denunciantes podrá mantenerse en reserva, a solicitud expresa o por decisión de oficio, como medida de seguridad y protección durante el trámite.
Cuando los antecedentes sean remitidos a instancias penales, el Viceministerio de Transparencia solicitará a la autoridad competente que se mantenga la reserva de identidad y se apliquen las medidas de protección para denunciantes y testigos previstas en la normativa vigente.
La aprobación del decreto se produce días después de la detención del ahora exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, investigado por presuntos vínculos con una organización criminal que habría brindado protección a narcotraficantes y otras personas. El caso también derivó en el hallazgo de importantes sumas de dinero en efectivo y bienes, según los antecedentes difundidos.
