El procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, afirmó que los hechos ocurridos hace 17 años en el Hotel Las Américas deben ser esclarecidos mediante una investigación que establezca quiénes participaron y qué responsabilidad tuvo cada uno.
Durante una declaración sobre el caso, León calificó el operativo como “terrorismo de Estado” y sostuvo que los responsables deben responder ante la justicia.
“Lo importante es que este terrorismo de Estado debe ser investigado, debe determinarse quiénes han participado y, obviamente, su grado de responsabilidad a fin de que respondan ante la justicia”, declaró.
En ese contexto, informó que la Procuraduría General del Estado se sumó a las denuncias presentadas por las víctimas ante el Ministerio Público. La entidad busca que se impulse una investigación penal diligente, efectiva y desarrollada dentro de un plazo razonable, conforme a una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El procurador también indicó que se enviaron comunicaciones al Ministerio Público, la Policía Boliviana y la Judicatura Nacional. El propósito es que esas instituciones incorporen la formación en derechos humanos en sus programas de capacitación y adopten medidas para prevenir la repetición de hechos similares.
Un caso abierto desde 2009
El operativo se produjo el 16 de abril de 2009 en el Hotel Las Américas, donde se encontraban Eduardo Rozsa y otros integrantes de su grupo. En aquel momento, el Gobierno de Evo Morales los acusó de estar involucrados en supuestos actos terroristas y separatistas.
La intervención policial terminó con la muerte de Rozsa, del ciudadano irlandés Michael Dwyer y del húngaro Arpad Magyarosi.
Posteriormente, la familia de Dwyer y los sobrevivientes acudieron a la CIDH para solicitar reparaciones por las presuntas vulneraciones de derechos humanos y una ejecución extrajudicial.
El proceso ante la Corte IDH
León señaló que, de acuerdo con la CIDH, anteriores gobiernos no cumplieron las cuatro recomendaciones formuladas sobre el caso. Estas contemplaban una reparación integral, atención en salud física y mental, una investigación penal y la adopción de medidas de no repetición.
Ante la falta de cumplimiento, el expediente pasó a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La audiencia que inicialmente debía realizarse en septiembre de este año fue reprogramada. Hasta el momento, no se informó la nueva fecha.
