Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, reveló nuevos detalles sobre el presunto entramado de corrupción que habría operado bajo el mando de Rómer Saucedo, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En su declaración del 10 de noviembre, lo señaló por presunto lavado de dinero, manipulación de procesos judiciales e injerencia política y electoral.
Quezada sostuvo que Saucedo habría registrado propiedades, terrenos y vehículos a nombre de familiares, allegados y otras personas de su entorno para ocultar su patrimonio. También mencionó a su principal asesor, Mauricio Requena, a quien identificó como una persona con poder de decisión dentro del Órgano Judicial.
Entre los bienes mencionados figura una vagoneta Toyota Land Cruiser blanca que, según Quezada, habría sido adquirida por Saucedo y registrada a nombre de su abogado. Asimismo, señaló que tendría participación en una cadena de billares en Santa Cruz, vinculada inicialmente a un primo que enfrentó un proceso por legitimación de ganancias ilícitas.
En el ámbito judicial, Quezada afirmó que Saucedo habría ordenado favorecer a determinados procesados e influido en decisiones de vocales. Como ejemplo, mencionó la liberación de Hebert Zeballos mediante una resolución relacionada con el vencimiento del plazo máximo de detención preventiva. También denunció represalias contra vocales que se negaron a cumplir sus instrucciones en el caso de Jorge Roca Suárez, conocido como Techo 'e Paja.
Las acusaciones también alcanzan el ámbito electoral. Quezada sostuvo que Saucedo habría intentado intervenir en un amparo constitucional que buscaba sacar de carrera al entonces candidato presidencial Andrónico Rodríguez. Además, lo vinculó con presuntas gestiones para favorecer la candidatura de su tío a la Alcaldía de San Ignacio de Velasco, mediante la anulación de la sigla de una organización política que encabezaba la contienda.
Otro de los aspectos denunciados es la supuesta manipulación del sistema informático de distribución de causas judiciales. Quezada afirmó que algunos juzgados concentraban cientos de procesos, mientras otros recibían menos de 20, con una carga desproporcionada en casos de narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas, aduanas y anticorrupción. Según su versión, esta distribución habría permitido direccionar determinadas causas hacia jueces específicos.
El exmagistrado también mencionó los vínculos entre Saucedo y el exfiscal general Roger Mariaca, y relató su asistencia a celebraciones privadas de ambos en 2025. Sus declaraciones abren nuevas líneas de investigación dentro del caso narcomaletas, con posibles derivaciones hacia una presunta red de corrupción judicial, legitimación de ganancias ilícitas e injerencia en procesos electorales.
