Luego de conocerse el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que determina que la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) debe pagar 744 millones de bolivianos a la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA), la primera expresó en las últimas horas su profunda preocupación y anunció acciones legales.
En un comunicado oficial, SOBOCE señaló que el fallo del TSJ, que ha declarado infundado el recurso de casación interpuesto por la compañía cementera, representa una vulneración a sus derechos constitucionales, ya que el proceso judicial no ha garantizado un juicio justo ni el debido proceso.
Ante esa situación, la empresa anunció que ejercerá todas las acciones legales correspondientes, tanto a nivel nacional como internacional, para asegurar que se respeten sus derechos y se garantice una resolución en estricto apego a la legalidad.
"Esta decisión no solo afecta a SOBOCE, sino que sienta un precedente preocupante para la seguridad jurídica y la libre competencia en Bolivia. Como empresa, confiamos en que las instancias constitucionales revisarán este proceso y garantizarán una resolución justa", destacó el CEO de SOBOCE, Francisco Shwortshik.
A pesar de ese escenario, SOBOCE reafirmó su compromiso con la transparencia, la libre competencia y el desarrollo económico del país, asegurando que sus operaciones continuarán con absoluta normalidad y que seguirá cumpliendo con sus compromisos con clientes, colaboradores y proveedores.
La empresa también indicó que mantendrá informada a la opinión pública sobre los avances de este proceso legal en su debido momento.
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