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Soboce mantiene abierta la vía de reclamo ante la Comunidad Andina y cuestiona interpretaciones de una resolución

La cementera sostiene que la Resolución 2657 solo aborda un aspecto procesal y no valida el Auto Supremo 1190/2026 ni resuelve sus denuncias de fondo. La empresa afirma que todavía existen recursos pendientes ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Soboce mantiene abierta la vía de reclamo ante la Comunidad Andina y cuestiona interpretaciones de una resolución
Nacional · Encontrados con Gonzalo Rivera

La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) aseguró que mantiene vigente su derecho a presentar reclamos ante instancias de la Comunidad Andina por presuntas vulneraciones al ordenamiento jurídico comunitario, pese a la reciente emisión de la Resolución 2657 de la Secretaría General de ese organismo.

Mediante un comunicado, la compañía explicó que la determinación se limita a observar un aspecto procesal referido a la supuesta simultaneidad de procedimientos nacionales y comunitarios, en aplicación del artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Soboce aclaró que la resolución no contiene un pronunciamiento sobre el fondo de sus denuncias ni representa una validación del Auto Supremo 1190/2026. Por ello, rechazó las interpretaciones que presentan esta determinación como un fallo desfavorable para la empresa.

Asimismo, destacó que el artículo 3 de la resolución deja a salvo el derecho de las compañías reclamantes de acudir a las instancias andinas, por lo que considera que todavía existen vías legales disponibles para continuar con sus cuestionamientos.

La cementera también calificó de inexacta la interpretación de que la decisión administrativa habilita la ejecución inmediata de algún fallo en Bolivia. Argumentó que el caso continúa bajo conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), donde permanecen pendientes de resolución trámites constitucionales relacionados con la tutela concedida anteriormente a su favor.

Finalmente, Soboce y sus accionistas anunciaron que mantendrán abiertas las acciones legales en el ámbito nacional e internacional, incluida una eventual presentación ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN).

La empresa señaló que sus recursos buscan proteger el principio de trato nacional, la libre competencia y la seguridad jurídica de sus inversiones en Bolivia.

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