Periodistas denuncian uso del Estado para amedrentar voces críticas y alertan sobre un precedente peligroso para la libertad de expresión

La aprehensión del tiktoker cruceño Juan Carlos Villafuerte, de 20 años, ha desatado una ola de críticas de gremios periodísticos y defensores de derechos humanos, quienes advierten que se está vulnerando el derecho a la libertad de expresión. El joven fue detenido tras publicar un video en el que recomendaba cambiar bolivianos a dólares, en medio de la creciente preocupación ciudadana por la escasez de divisas en el país.

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) lo denunció por el presunto delito de difusión de información falsa, en aplicación de la Ley de Delitos Financieros, que prevé penas de hasta 10 años de prisión. No obstante, su defensa asegura que lo expresado en redes fue una opinión legítima ante un contexto económico que genera incertidumbre.

Tanto la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) como la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC) han expresado su “profunda preocupación” por lo que consideran un uso del aparato estatal para castigar opiniones. “Se trata de expresiones que se escuchan diariamente en la calle, en redes, en mercados. Penalizarlas es sumamente peligroso”, alertaron en un comunicado conjunto.

De acuerdo con su defensa, Villafuerte fue arrestado sin citación previa y con amenazas de un traslado forzoso a La Paz, lo cual constituiría una violación al debido proceso. Además, el caso ya habría sido rechazado anteriormente por el Ministerio Público, por lo que su detención es interpretada como un intento de amedrentar a creadores de contenido que critican la situación del país.

La familia del joven denunció que fue interceptado por civiles, subido a un vehículo sin placas e incomunicado en celdas policiales, sin orden judicial ni notificación previa. Su madre calificó el hecho como un “secuestro” y encabezó una vigilia frente a la FELCC de Santa Cruz exigiendo su liberación.

El abogado Andrés Richter recalcó que el proceso contra su cliente tiene un trasfondo político, orientado a dar un mensaje claro: “Si opinas sobre el dólar, te castigan”. Añadió que la ley invocada por la ASFI no criminaliza opiniones ni análisis y que los derechos protegidos por la Constitución y tratados internacionales deben primar ante cualquier intento de censura.

Para los gremios periodísticos, este caso es un punto de inflexión que pone en evidencia la tensión entre la regulación estatal y los derechos fundamentales. “La penalización de percepciones ciudadanas sobre temas de interés público debilita nuestra democracia”, concluyeron.

El caso Villafuerte deja una pregunta en el aire: ¿Opinar sobre la economía será un delito o seguirá siendo un derecho protegido en Bolivia?