La propuesta de redistribución de recursos entre el nivel central y las regiones vuelve al debate en plena campaña subnacional, mientras crece la presión política por plazos y una hoja de ruta clara.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, afirmó que para implementar el modelo de redistribución de recursos conocido como 50/50 será necesario eliminar cerca de 60 leyes y más de 40 decretos que, según el Gobierno, sostienen un sistema centralista que limita el desarrollo de las autonomías regionales.

La declaración fue realizada en Sucre, donde el mandatario explicó que la aplicación de esta propuesta —planteada durante su campaña electoral de 2025— implica una reforma normativa profunda y no solo un cambio en la distribución de recursos.“El desafío no es solo repartir recursos.

Hay cerca de 60 leyes y más de 40 decretos que hay que eliminar”, sostuvo el jefe de Estado, al señalar que el objetivo es desmontar lo que denominó un “Estado tranca” que restringe las competencias de gobernaciones y municipios.

Debate político en plena campaña

La propuesta del 50/50 volvió a cobrar protagonismo en el debate político a pocas semanas de las elecciones subnacionales del 22 de marzo, en un contexto en el que varias regiones reclaman mayor participación en los ingresos tributarios del país.

Actualmente, alrededor del 75% de los recursos fiscales se concentra en el nivel central del Estado, mientras que el resto se distribuye entre gobernaciones, municipios y universidades, un esquema que el Ejecutivo plantea modificar mediante reformas legales.

Polémica por los plazos

La discusión se intensificó luego de que la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, señalara que es difícil establecer un plazo para aplicar el modelo, indicando que podría concretarse “en dos o tres días, cinco semanas o incluso 10 años”.

Sus declaraciones provocaron críticas desde sectores políticos y autoridades regionales, entre ellos el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien pidió su destitución y advirtió que su administración no participará en reuniones del Consejo de Autonomías mientras la autoridad continúe en el cargo.

Debate legislativo y diálogo regional

Desde la Asamblea Legislativa, legisladores señalaron que la aplicación del 50/50 requerirá un amplio debate parlamentario para modificar el marco legal vigente. En ese contexto, el Gobierno anticipa que la reforma implicará un proceso legislativo complejo y diálogo con las futuras autoridades subnacionales.

Paz reiteró que la propuesta no solo implica redistribución económica, sino también una redefinición de responsabilidades entre el Estado central y las regiones, particularmente en áreas clave como salud, educación y gestión pública.