¿Dónde está el reintegro del IVA? Beneficiarios denuncian meses sin pagos y atención caótica. Se teme desvío hacia las campañas del gobierno.
En medio de una profunda crisis económica nacional, marcada por el alza constante de precios, la inflación, la escasez de medicamentos, gasolina, dólares y el deterioro de servicios esenciales, el funcionamiento eficiente del Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA) se convirtió en algo no sólo urgente, sino imprescindible.
La página del SIN señala que cualquier persona con ingreso mensual promedio igual o menor a 9.000 bolivianos podrá registrarse como beneficiario para que se le reintegre el 5% de las facturas del mes utilizadas.
Ello no ocurre. Para miles de bolivianos con ingresos mínimos y que no tienen acceso al famoso 10% de incremento salarial que decretó el gobierno el presente año, esa pequeña devolución mensual representa la posibilidad de cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte o salud. En este contexto, la inoperancia del programa muestra una grave desconexión entre la política fiscal y la realidad del ciudadano común.
A fines de 2023, el programa Re-IVA en Bolivia mostró cifras alentadoras porque según el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), se devolvieron más de 29 millones de bolivianos y el número de beneficiarios aumentó notablemente entre noviembre y diciembre de ese año. Sin embargo, este panorama positivo cambió a partir de inicios de 2024, cuando comenzaron a reportarse retrasos en los pagos y dificultades en la atención a los beneficiarios. Miles de personas enfrentaron largas filas, respuestas contradictorias por parte de funcionarios del SIN y una atención pública deficiente, lo que generó creciente malestar ciudadano.
La situación empeoró con la falta de información adecuada sobre el proceso de renovación anual del registro, exigido desde enero de 2025. Muchos ciudadanos, especialmente los que viven en áreas periféricas a las ciudades o sin acceso a internet, no pudieron reinscribirse a tiempo y quedaron fuera del beneficio. Otros enfrentaron observaciones por supuestas irregularidades en facturas o cuentas bancarias bloqueadas, sin orientación clara para resolver los problemas. A esto se suma el hecho de que el Re-IVA no es acumulativo es decir que si no se presentan facturas suficientes en un mes, el monto no se transfiere a los siguientes, lo cual resulta injusto para quienes, por situaciones extraordinarias, no pueden cumplir con los requisitos en un determinado periodo.
Aunque el SIN declaró en febrero de 2025 que el programa seguía activo y con recursos disponibles, los testimonios de los beneficiarios cuentan otra historia. Algunos afirman no haber recibido pagos en varios meses. La diputada Samantha Nogales, de Comunidad Ciudadana, denunció meses atrás que más de 300.000 personas resultaron afectadas y que se habían registrado más de 650 reclamos desde mediados de 2024. Una de las causas señaladas fue la demora en las transferencias del Tesoro General de la Nación, sin que se presentaran soluciones concretas.
Las oficinas del SIN son escenarios de caos cotidiano. Cientos de personas acuden diariamente con la esperanza de encontrar respuestas a diferentes temas, pero se encuentran con sistemas colapsados. En muchas sucursales, al intentar sacar ficha digital, se bloquean espacios en la pantalla. No hay un punto de información claro, ni un espacio exclusivo para reclamos. El personal, sobrecargado y mal capacitado, responde -varias veces- con desdén o indiferencia, lo que incrementa la frustración de los usuarios. La línea gratuita 800-10-3444 casi siempre está ocupada y cuando finalmente se logra establecer comunicación, las respuestas son las mismas: “se están verificando los datos”; “se está comprobando la información” y “pronto se repondrán los pagos”.
El diseño del Re-IVA también fue criticado por su falta de equidad. Actualmente, todos los beneficiarios reciben un 5% de devolución sobre sus compras facturadas. Esto implica que quienes ganan Bs 9.000 pueden recibir hasta Bs 450 mensuales, mientras que quienes apenas ganan Bs 2.000 reciben solo Bs 100 y eso si logran facturar todo su consumo, algo inviable para quienes dependen de mercados informales o deben priorizar gastos urgentes. Una estructura más justa sería aplicar un porcentaje inversamente proporcional al ingreso, beneficiando más a quienes ganan menos u obtienen pocos ingresos de una u otra manera.
En un año electoral, donde las prioridades gubernamentales suelen reordenarse, es razonable preguntarse si los fondos destinados al Re-IVA están siendo desviados hacia otros fines de interés político. Ojalá que no; pero la falta de transparencia sobre la ejecución presupuestaria y la demora en las transferencias del Tesoro General de la Nación refuerzan esta sospecha.
El contraste con otros países vecinos es revelador. En Colombia, no se exige presentación de facturas; en Ecuador, se prioriza a personas con discapacidad y en Uruguay el reintegro se aplica automáticamente con pagos electrónicos. Bolivia, en cambio, mantiene un sistema burocrático y excluyente.
Así todo se impone con crudeza porque cuando el sistema oficial falla una y otra vez, “sin factura” se vuelve más atractivo. Para muchos bolivianos, obtener un pequeño descuento inmediato al evitar la factura resulta más práctico que confiar en un reintegro incierto, lleno de trámites, obstáculos y frustraciones. En vez de fomentar la formalidad, el Re-IVA termina empujando a más personas a evadirla. La política fiscal, en lugar de actuar como herramienta de justicia social, se ha transformado en una promesa que se cumple a medias.
El Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado fue creado mediante la Ley N° 1355, promulgada el 28 de diciembre de 2020 y reglamentado mediante el Decreto Supremo N° 4435 del 30 de diciembre de ese mismo año. Su aplicación comenzó en enero de 2021. Desde entonces, el beneficio se dirige a personas naturales con ingresos mensuales iguales o menores a Bs 9.000. La devolución se efectúa únicamente si las compras están respaldadas por facturas emitidas por medios autorizados.
Mirna Quezada – BRUJULA DIGITAL
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