La Cancillería denuncia intromisión y defiende el Estado de derecho frente al respaldo mexicano al expresidente
El Gobierno de Perú rechazó este sábado las declaraciones de la presidente de México, Claudia Sheinbaum, quien afirmó que el expresidente Pedro Castillo se encuentra “injustamente encarcelado” y calificó su caso como “un grave precedente de persecución política y discriminación en la región”.
Sheinbaum publicó en la red social X un mensaje acompañado de una fotografía junto al abogado argentino Guido Croxatto, defensor de Castillo. En el mensaje, la mandataria expresó: “En nombre de México, expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia”. Además, México otorgó asilo a la esposa y los hijos del exmandatario peruano.
La presidenta mexicana también instó a la ONU a actuar “con decisión” para garantizar el respeto a los derechos humanos y afirmó que la libertad de Castillo representa “la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”.
No es la primera vez que Sheinbaum se pronuncia sobre el caso. A inicios de 2025 ya había calificado como una “injusticia” la detención de Castillo, lo que en su momento generó un firme rechazo por parte del Gobierno peruano.
Cancillería peruana: “Castillo no es perseguido político”
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú señaló que Pedro Castillo no es un perseguido político, sino que “cometió el flagrante quiebre del orden constitucional” al intentar disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022.
En un comunicado, la Cancillería calificó la declaración de Sheinbaum como “ideologizada” y subrayó que contradice “los principios básicos del derecho internacional, en particular la soberanía y la no intervención en los asuntos internos de los Estados”.
El Gobierno peruano aseguró que el proceso judicial contra Castillo se desarrolla con pleno respeto al Estado de derecho, al debido proceso y a las garantías de la Constitución peruana.
Acusaciones contra Castillo
Tras su destitución, Castillo cumple prisión preventiva de 36 meses por presunto delito de rebelión y enfrenta investigaciones por corrupción.
Su mandato estuvo marcado por crisis políticas y sociales que derivaron en protestas con más de 50 civiles muertos, mientras la presidenta Dina Boluarte mantiene el poder con bajo respaldo popular y apoyo de grupos legislativos clave que han bloqueado intentos de destitución.
Las relaciones diplomáticas entre México y Perú se deterioraron desde 2023, cuando el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador calificó a Boluarte como “presidenta espuria”, reduciendo ambos países sus lazos al nivel de encargado de negocios.
Con información de Infobae
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