El proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 propone limitar el alcance de la Renta Dignidad, restringiendo su acceso a los adultos mayores de 60 años que no reciben ingresos por jubilación ni beneficios financiados con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) o vinculados a empresas privadas. Esto representa un cambio significativo respecto a la Ley 3791, que actualmente garantiza el beneficio a la mayoría de los mayores de 60 años, con algunas excepciones.

¿Quiénes ya no recibirían la Renta Dignidad?

De acuerdo con el proyecto, los siguientes grupos quedarían excluidos:

  1. Jubilados que perciben una renta financiada con recursos del TGN.
  2. Beneficiarios de la fracción de compensación de cotizaciones del antiguo sistema de reparto vigente hasta 1996 y que se jubilaron a través de las AFP’s o la Gestora.
  3. Personas mayores de 60 años con sueldos en el sector privado, aun si ya están jubiladas.
  4. Accionistas, socios o directores de empresas privadas registradas.
  5. Derechohabientes que reciben gastos funerales por el fallecimiento de un cónyuge.

Cambios clave en la normativa

Actualmente, la Ley 3791 establece que el beneficio es universal para todos los mayores de 60 años, salvo para quienes perciban una renta completa del sistema de seguridad social. Sin embargo, el proyecto de Ley PGE 2025 introduce exclusiones más estrictas, dejando el acceso limitado a quienes no cuentan con ninguna fuente de ingreso o pensión.

De aprobarse esta modificación, la Renta Dignidad se enfocará únicamente en adultos mayores que, por diversos motivos, nunca pudieron aportar a un sistema de pensiones ni acceder a otros beneficios contributivos o no contributivos.