El GAFI precisó que Bolivia, además de ingresar en la lista de «jurisdicciones sometidas a una supervisión reforzada», asumió «un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y Galifat.
Bolivia y las Islas Vírgenes británicas fueron oficialmente incluidas en la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que representa que el país tiene «deficiencias estratégicas» en la acción contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Además de Bolivia, están en la «lista gris» Angola, Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Haití, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Mozambique, Namibia, Nepal, Nigeria, Sudáfrica, Sudán del Sur, Siria, Venezuela, Vietnam, las Islas Vírgenes británicas e Yemen.
Mientras que en la «lista negra» están los países considerados de alto riesgo: Corea del Norte, Irán y Birmania.
En un comunicado publicado el viernes en el cierre de su plenaria en Estrasburgo junto a Moneyval, la instancia contra el blanqueo del Consejo de Europa, el GAFI precisó que Bolivia, además de ingresar en la lista de «jurisdicciones sometidas a una supervisión reforzada», asumió «un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y Galifat», que es su división regional para Latinoamérica, para mejorar su régimen para detectar y prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
¿Qué pasó?
El Gobierno responsabilizó a la oposición en Asamblea Legislativa Plurinacional e instituciones cívicas por «sabotear» la aprobación de la Ley de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, una norma que generó movilizaciones de varios sectores. Hubo otros intentos de avanzar en ese proceso que, de igual manera, fracasaron.
Como descargo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia indicó que el Gobierno cumplió con el 90% de las recomendaciones del organismo internacional y además puntualizó que otras disposiciones como la incluida en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 también fueron observadas en medio de la desinformación.
«En 2021, como efecto de la desinformación, politización y sabotaje movilizado, se evitó la vigencia de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias lícitas y el Financiamiento del Terrorismo con la cual se cumplía con los requerimientos del GAFI. Asimismo, en la Asamblea Legislativa, la coalición opositora anuló disposiciones necesarias para el cumplimiento de los requisitos del GAFI, como el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE-2024)», reseña el comunicado.
La norma generó marchas en todo el país. Los gremiales, médicos, jubilados, mineros, cívicos y activistas se movilizaron contra la norma impulsada por el Gobierno.
En octubre de 2021, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó que el Gobierno nacional decidió retirar el proyecto de ley 1386 contra la legitimación de ganancias ilícitas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para evitar que la oposición política continúe usando ese tema como pretexto para «desestabilizar» al Gobierno nacional.
En 2023, los mismos sectores rechazaron el proyecto de ley 280 de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas con el argumento de que se restringía el derecho a la protesta y se ponía en riesgo la propiedad privada.
¿Qué viene?
Iván Quisbert, director general de Pensiones, cuestionó esas movilizaciones en una entrevista con la red UNO, no obstante, anunció que todo está en manos del próximo Legislativo para que apruebe el citado proyecto de Ley.
«Para cumplir con los planteamientos del GAFI, en 2021 se aprobó una ley con una estrategia para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Lamentablemente, su aplicación se prorrogó debido a la desinformación, lo que incluso llevó a que se advirtiera sobre la posible inclusión de Bolivia en la lista gris», explicó Quisbert.
En ese contexto, la autoridad indicó que el país tiene dos años para para implementar las recomendaciones del GAFI, por lo que ya se están tomando las acciones para cumplir con ese propósito.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, había expresado la importancia de cumplir con ese procedimiento que tiene como base de manera obligatoria una adecuación normativa.
«Ya lo habíamos advertido, había una alta probabilidad de entrar a la lista gris de GAFI, fundamentalmente por no tener la normativa necesaria y oportuna», dijo la autoridad.
La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) instó este viernes a las instituciones del Estado a implementar de forma articulada y decidida el plan de acción que recomienda GAFI.
«Asoban reitera su plena disposición a colaborar activamente con todos los actores involucrados, convencida de que solo una respuesta técnica, articulada y sostenida permitirá consolidar un entorno propicio para la inversión», tras remarcar su compromiso con la transparencia y la integridad del trabajo del sistema financiero.
Acciones
«Durante la reunión plenaria de hoy, Bolivia se ha comprometido formalmente a corregir las deficiencias observadas por GAFI, a través de acciones que deben ser desarrolladas dentro de un plazo razonable», se lee en el comunicado del Gobierno.
«El Estado Plurinacional de Bolivia reafirma ante la comunidad internacional su compromiso de seguir trabajando de manera técnica, coordinada y transparente para fortalecer el Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT)», se añade en el documento.
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