El presidente Luis Arce defendió la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado 2025, que permite la confiscación de productos en casos de agio, ocultamiento o especulación. Según el mandatario, esta medida busca proteger la economía de los bolivianos sin perjudicar a los empresarios y comerciantes responsables. Sin embargo, la disposición ha generado rechazo entre productores y diversos sectores, quienes aseguran que afecta la confianza y las operaciones comerciales.

Organizaciones como la Cámara Nacional de Industria y la Cámara Agropecuaria del Oriente advirtieron con iniciar protestas el 10 de febrero si la norma no es derogada. Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industria, enfatizó que existe una interpretación conflictiva entre el Gobierno y los sectores privados, lo que dificulta la implementación de la medida.

Por su parte, el Gobierno reiteró su disposición al diálogo y afirmó que no se necesitan medidas de protesta, insistiendo en que la disposición está dirigida contra prácticas que afectan el bolsillo de los ciudadanos. Mientras tanto, un tercer ampliado multisectorial se realizará en Sucre a finales de enero para evaluar los pasos a seguir y buscar consenso en torno a este conflicto.