El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Jaimes, asistió esta semana a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes, asistió esta semana a una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, para responder a las críticas de la sociedad civil frente a la politización de la justicia.

En la ocasión, defendió la prórroga de mandato de los magistrados de las altas cortes de Bolivia, decidida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y reveló que en este año, las autoridades prorrogadas realizaron 1.319 nombramientos en cargos judiciales, que van desde vocales, hasta servidores de apoyo jurisdiccional, “gracias a la continuidad de las labores”.

En total, dijo, se nombraron 90 vocales, 93 jueces y 1.136 servidores de apoyo jurisdiccional, lo que hizo un total de 1.319 cargos. Esto, según Jaimes, permitió emitir 50.402 resoluciones judiciales, por lo que “más de 100 mil bolivianos encontraron la protección a su derecho de acceso a la justicia”.

El magistrado acusó a la Asamblea Legislativa Plurinacional de haber pretendido “olvidar que los usuarios del sistema judicial serían los más afectados con el cierre del órgano Judicial”, en referencia a la resolución legislativa que obliga a los magistrados prorrogados a cesar en sus funciones.

Luego citó todas las acciones legales que habrían quedado desatendidas si es que los magistrados cesaban en sus cargos, entre ellas, la capacidad de juzgar al presidente y al vicepresidente, o de nombrar vocales.

Los magistrados del TCP, del TSJ, del Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura debieron terminar sus gestiones el 31 de diciembre del 2023.

Una decisión del TCP, sin embargo, los prorrogó en los cargos hasta que se elijan nuevas autoridades por voto popular; sin embargo, el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional es que le pone trabas a las elecciones.

Jaimes concurrió a una audiencia de la CIDH junto a representantes del Gobierno, donde la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, encabezada por los juristas José Antonio Rivera y Rubén Darío Cuellar, expuso datos sobre la politización de la justicia y entregó una lista de 172 “presos políticos”.

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